Para el presidente de Consecomercio, Felipe Capozzolo, los nuevos controles de precios que está imponiendo del gobierno de Nicolás Maduro “es un total despropósito para los esfuerzos hechos por la empresa privada para garantizar el abastecimiento a los venezolanos en este contexto de pandemia”.
Consideró Capozzolo este martes, 28 de abril, que ha sido errada la estrategia del Gobierno de calificar a los comerciantes de «usureros, ladrones y especuladores«, pues considera que eso no va a contribuir a la solución de un país viable.
«Es muy peligroso seguir el guion que comienza con decir que el comerciante es especulador y abusador por la escalada de precios ocurrida en los últimos tiempos, lo que se produce por el incremento de masa monetaria que hace que el dinero valga menos”, dijo.
El empresario insistió en su propuesta de abrir escalonadamente la economía nacional desde el 13 de mayo, tal y como lo están planteando otros países de la región, “cumpliendo con los protocolos de seguridad industrial correspondientes».
En relación con el recién decretado aumento del salario mínimo en Venezuela, Capozzolo opinó que el monto es insuficiente para ajustarse al ritmo de la hiperinflación, razón por la cual desde hace tiempo la empresa privada ha intentado pagar a sus trabajadores cifras mayores y ajustadas a la realidad, en la medida de sus posibilidades. «Difícilmente una persona con esa cantidad de 800.000 bolívares, algo menos de 5 dólares, pueda satisfacer su situación y menos la de su familia”, advirtió.
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Enfoque equivocado
En la misma línea de Capozzolo, la comisión de economía de Consecomercio se pronunció en relación con los controles de precios y las ocupaciones de empresas, recientemente reactivados por el gobierno de Nicolás Maduro.
“Donde se han aplicado controles de precios, la economía termina por sufrir mayores males que los que teóricamente busca paliar. De esta forma, un eventual retorno a los controles de precios, a las fiscalizaciones del sector privado sin derecho a la defensa y apego al debido proceso, generarán mayor desabastecimiento, volatilidad en los precios, extorsión y la proliferación de un mercado negro que terminará por ser un instrumento de exclusión para las grandes mayorías”, expresó el órgano de la referida institución.
El análisis añadió que favorecer la activa intervención estatal con fines sancionatorios al sector privado y negar la economía de mercado, lejos de ayudar a la población solo dificulta el acceso a los bienes y servicios necesarios en la complejidad de los tiempos actuales.
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Cavidea está en emergencia
Otro sector de la economía que se pronunció en relación con la reaparición de los controles de precios y tomas de empresas es el más afectado en estos casos: el agroalimentario.
La Cámara Venezolana de la Industria de los Alimentos (Cavidea) rechazó la toma de Coposa, así como la supervisión de la producción de Alimentos Polar, Plumrose y otras empresas y solicitó que sean revertidas las medidas “por considerar que dificultan aún más la compleja labor de mantener la producción y comercialización de alimentos en las actuales condiciones”.
“Las empresas afiliadas a Cavidea trabajamos sin descanso para que los venezolanos tengan la tranquilidad de conseguir sus alimentos en los sitios habituales de compra”, informó el gremio este martes.
La entidad gremial destacó que la empresa privada no se ha negado a dialogar y a trabajar con el gobierno de Maduro. “Nos mantenemos trabajando de manera coordinada con las autoridades nacionales y regionales con el fin de superar los obstáculos que día a día se presentan y poder mantener nuestras plantas, almacenes y rutas de transporte operando sin interrupciones”, añadió.
