El Saren ancló sus precios al petro | Foto: archivo
El gobierno de Nicolás Maduro aprobó un instrumento más que, según los expertos, busca “meter las manos en los bolsillos de los venezolanos”. En este caso se trata de la Ley de Registros y Notarías, la cual ya ha sido impugnada ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sin que hasta ahora el Máximo Tribunal haya dado respuesta.
El último recurso, uno de nulidad, fue introducido el 2 de febrero por la abogada Yelitza Vivenes, quien explicó que la idea es que se adhieran otros profesionales del derecho en otros estados. Espera que el recurso sea admitido y se le de respuesta al gremio de abogados, al tiempo que recordó que cualquier ciudadano puede ir al TSJ e introducir un curso.
“En 15 días deberían responder y designar ponente. También se han introducido amparos y otros recursos que no han sido respondidos”, contó la abogada a El Pitazo.
Vivenes calificó la ley como “perniciosa” y que tiene un “carácter voraz” para la economía ya que afecta, según dijo, el derecho de propiedad toda vez que las tasas que se están imponiendo son imposibles de pagar.
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“Notariar un poder podría costar entre uno o dos dólares, lo cual tiene un impacto en el salario del venezolano. Para hacernos una idea, en Costa Rica cuesta 0,39 centavos de dólar y el salario es de 500 dólares. Se está creando, además, una inseguridad jurídica increíble porque la gente va a optar por no registrar sus ventas y eso creará un caos, ya que un bien se podría vender más de una vez”, explicó.
En esa línea indicó que es una ley que viene a imponer un tributo confiscatorio de los bienes de los venezolanos al anclar la tasa a pagar al petro, lo cual, indicó, le da discrecionalidad al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) y a su director a fijar estas tasas cuando este ente es incompetente, por ley, para fijarlas porque la materia tributaria y arancelaria está reservada al Poder Legislativo.
“El Saren es un servicio público y las tasas arancelarias ni siquiera forman parte de la Hacienda Pública debido a que solo se establecen para cubrir gastos operativos del ministerio”, manifestó la abogada.
Para ella, esto es socialmente más peligroso que el aumento de la gasolina porque “le mete la mano en los bolsillos” a los venezolanos, confisca su propiedad, va contra el principio de progresividad de los derechos económicos de las personas, entre otras cosas.
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Son varias las inconstitucionalidades que rodean esta ley. Una de ellas, dice la abogada, es que no llamaron a consulta a los gremios de abogados, contadores y otros sectores que se iban a ver afectados.
Otra falla en este documento de nueve artículos es que cumplió el tiempo para poder ajustarse administrativamente a todos los parámetros legales, explica Vivenes.
“Entró en vigencia de inmediato violando el proceso de formación legal. Además no derogó la ley anterior de 2014 sino una que ya estaba derogada, la de 2006. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la ley que esta vigente? No es un vicio, son muchos. La ley debería derogarse o regresar al Parlamento y modificarse”, manifestó la abogada.
También insistió en que hay una grave incidencia en imponer una tasa con aristas fiscales y contributivas. Sostuvo que el valor de la Unidad Tributaria puede adaptarse a la realidad y seguir dándole certeza a los venezolanos a la hora de registrar sus propiedades.
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