Habitantes de la comunidad minera de Ikabarú viven encerrados desde hace una semana tras acordar que por el portón principal se prohibiría la entrada y salida de gente para protegerse del COVID-19.
La medida fue adoptada luego de llegar a un consenso entre vecinos de los 16 sectores que componen esta zona de la Gran Sabana y que en su mayoría se dedican a la minería. Por otra parte, la decisión, que también fue acordada con las autoridades indígenas, se tomó tras el ingreso de cientos de venezolanos por la frontera con Brasil. Muchos de ellos son habitantes de esta comunidad y son portadores del coronavirus.
Después de conocer varias zonas indígenas donde sus habitantes presentaban síntomas relacionados con el coronavirus, que requirió el traslado de médicos para hacer las pruebas de descarte, en Ikabarú tomaron previsiones y solo podrán ingresar cada 15 días los despachadores de comida. En cuanto a la distribución de combustible en la zona, aún las autoridades evalúan cómo será el ingreso, por lo que la labor minera se encuentra a media máquina, según lo informaron a El Pitazo los propios lugareños.
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Mientras tanto, la comunidad pemón de San Antonio del Morichal también se encuentra aislada desde el 28 de mayo, luego de que el 80% de sus habitantes presentaron síntomas gripales. Los resultados de las pruebas de COVID-19 que les aplicaron a los indígenas aún no han sido difundidos por las autoridades.
A mediados de mayo el Gobierno nacional decretó un toque de queda en el municipio Gran Sabana para minimizar la permanencia de gente en las calles, específicamente en Santa Elena de Uairén, mientras disminuía el ingreso de contagiados por la frontera. El primer día del anuncio fueron detenidos 100 personas por incumplirlo.
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