Puerto Ayacucho.- Un mes se cumplió de la detención de las 20 personas que fueron encerradas por su presunta participación en los sucesos ocurridos el pasado 23 de enero en la capital de Amazonas, entre ellos 10 indígenas de los cuales dos son menores de edad, en una acción que fue emprendida por efectivos de la Guardia Nacional en los diferentes puntos donde se presentaron las protestas antigubernamentales.
La privativa de libertad fue ejecutada por Dayana Matera, juez de primera instancia segunda de control en el estado Amazonas. 16 de los detenidos fueron trasladados a la sede del Destacamento del Sur de la Guardia Nacional (Desur) y cuatro al destacamento del muelle. Desde ese entonces allí han permanecido, sin que los familiares hayan tenido mayor acceso mientras esperan por la próxima audiencia.
Los dos indígenas menores de edad fueron liberados en días posteriores a su detención, luego de que sus familiares consignaran una fianza, mientras que aún se encuentran privados de libertad Juan Carlos Ponare Marchan, del pueblo Jivi; José Manuel Lara; Jesús Mirabal y Francisco Tinedo Martínez, de la etnia Baré; Ender Herrera, Leandro Coronel y José Díaz Silva, del pueblo Huottoja, además de Marcos Mirabal, de la etnia Puinave.
De acuerdo al dictamen de la juez que ratificó la medida, a estos ciudadanos se les imputan los delitos de terrorismo, asociación para delinquir, obstrucción de la vía pública, ultraje violento, intimidación pública, instigación pública y resistencia a la autoridad. En el escrito de apelación que consignó el Defensor Público en materia indígena, Carlos José Lima, cuestionó esta imputación genérica, puesto que estas personas fueron detenidas en sitios y circunstancias diferentes.
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Lima también precisó en el texto que en las actas policiales no se individualizaron ni reflejaron los delitos que indiquen que los indígenas fueron detenidos en zonas distintas y que no se conocían de acuerdo a las declaraciones que han dado, por lo que no puede haber asociación para delinquir, el cual es uno de los delitos imputados. Consideró que es una arbitrariedad lo que se está cometiendo.
Por su parte, Pablo Tapo, coordinador del Movimiento Indígena Amazonense de los Derechos Humanos (Moina DDHH) y uno de los abogados defensores, dio a conocer que desde la detención de estas personas pocas son las veces que sus familiares han tenido acceso a ellos, comprobando las condiciones tan deplorables en las que se encuentran sin ningún tipo de comunicación.
Clamor humano
Se ha conocido en la voz de varios familiares que los jóvenes detenidos han permanecido aislados en condiciones no aptas. Han solicitado la intervención de los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, pero no han tenido la respuesta correspondiente a sus peticiones. Sobre todo, piden que les consigan un permiso legal que les permita estar más tiempo con ellos en las visitas programadas.
Carolina Rodríguez Bossio, madre de uno de los detenidos, expresó: «Mi hijo y el resto se encuentran recluidos en condiciones inhumanas. No nos han permitido conversar con ellos, solo han sido pocos minutos. Hemos ido a varias instituciones y no se ha podido hacer nada. Muchos de los que están privados de libertad solo buscaban una vía alterna para irse a sus casas y los agarraron por inocentes, como es el caso de mi hijo, y no es justo que esté preso por algo que no hizo».
