Siguiendo la dinámica de rendición de cuentas que vienen haciendo las juntas ad hoc designadas por la Asamblea Nacional, este miércoles 5 de agosto le correspondió el turno a la junta ad hoc de PDVSA, encabezada por su presidente, Luis Pacheco.
Esta junta lleva 18 meses de gestión y este miércoles explicaron cómo ha sido el proceso durante este tiempo a los diputados de las Comisiones Permanentes de Energía y Petróleo, Finanzas y Contraloría de la Asamblea Nacional.
En una exposición que se prolongó por dos horas, Pacheco explicó el estado en el que consiguieron la empresa, los litigios a los que se enfrentan y la operatividad de su principal filial, Citgo.
Recordó que la junta ad hoc, conformada por nueve directivos, no controla las operaciones ni filiales en Venezuela y que su propósito y objetivo es “salvaguardar los activos del país en el exterior”.
Tampoco desaprovechó la oportunidad para recordar que el trabajo es ad honorem.
Gran parte de la exposición consistió en hablar de los litigios pendientes: casos Crystallex, bonos 2020 y Nynas A.B., entre otros.
En el caso de Nynas A.B, una refinería de crudo para el mercado del norte de Europa, contó con una licencia de la OFAC desde finales de enero de 2019 hasta julio del año pasado y luego fue renovada hasta abril de 2020 y luego, por 30 días más.
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En diciembre de 2019 había anunciado un proceso de reorganización financiera y en mayo de este año, la OFAC anuncia el levantamiento de las sanciones.
Pacheco señaló que en Europa la representación legal ha sido difícil a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos (EE.UU.).
En cuanto a los llamados Bonos 2020 informó que se espera que en septiembre se dé el fallo judicial. Señala que, aunque se buscó negociar con los bonistas para no llegar al juicio, éstos no accedieron y como tenían una licencia, se logró que el gobierno estadounidense la suspendiera y poder pasar a la etapa de juicio.
El diputado Jorge Millán le preguntó sobre la contratación de bufetes en un acuerdo que, aunque no se concretó, debía pasar por el control previo de la Asamblea.
Pacheco señaló que hay condiciones legales de confidencialidad por los litigios en curso e indicó que la Procuraduría Especial sería la responsable de analizar esas contrataciones, ya que es el responsable judicial de PDVSA. Hizo hincapié en que han sido bufetes que han aceptado trabajar pro bono.
Además, se comprometió a hacerle llegar al diputado más información al respeto.
Fundación Simón Bolívar
La Fundación Simón Bolívar fue creada en 2006 y está registrada en Delaware, y su único miembro y contribuyente sería Citgo.
Según señaló Pacheco, esta Fundación ha destinado 145.000 dólares en siete programas para “ayudar a mitigar los efectos de la COVID-19” en Venezuela.
También hubo 100.000 dólares a seis “pequeñas subvenciones” para programas en Venezuela, Colombia y Ecuador.
De acuerdo con la presentación de Pacheco, 16 estados del país habían sido beneficiados, y que 10.845 profesionales de la salud han recibido ayudas con equipos de protección. También se han destinado recursos a comedores o centros comunitarios.
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Consultado sobre estos programas, Pacheco indicó que es la Fundación quien debe dar mayores detalles.
Expresa que la Fundación es un ente privado estadounidense y debe reportar a las autoridades de ese país, quienes la examinan, además de la auditoría que realiza Citgo.
Citgo y la gasolina
Consultado sobre si Citgo podría suministrar alguna ayuda con gasolina a Venezuela, Pacheco manifestó que habría que conseguir licencias, pero, además, hay varios problemas para que eso fuera una opción: ¿A qué precio se vendería y quién la pagaría? ¿Quién administraría y distribuiría el combustible?
En relación con esta filial destacó el hecho de que JP Morgan decidiera trabajar con la empresa, pese a los problemas a su alrededor.
