Punto Fijo.- Luego de 11 días, los familiares de los siete trabajadores petroleros detenidos en el estado Falcón, por funcionarios de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (Dgcim), lograron verlos por 40 minutos, mientras los llevaron a sus hogares para que se asearan y firmaran un escrito donde se establecía que habían sido detenidos el pasado sábado 2 de octubre.
Ante la confusión de lo que iba a pasar, las familias se acercaron este domingo a la sede del Circuito Judicial Penal Extensión Punto Fijo para saber lo que pasaría con sus familiares. A dos de los siete detenidos los dejaron en sus hogares, mientras que los otros cinco fueron llevados nuevamente a la sede del Dgcim en Punto Fijo. Este mismo domingo fueron presentados por la Fiscalía XIII ante el Tribunal Segundo de Control, que declinó ponerlos a orden del órgano que los requiere en Caracas, capital de Venezuela.
Harold Guerrero, quien forma parte de los abogados defensores, explicó que los detenidos tienen una orden de captura ante el Tribunal Cuarto de Control y, por ello, el juzgado del estado Falcón declinó para que sean presentados ante el órgano que los requiere.
Detalló que la defensa presentará una denuncia ante la Fiscalía de Derechos Fundamentales y demás órganos, ya que hay una violación al debido proceso, debido a que los siete trabajadores de la refinería Amuay, que forma parte del Complejo Refinador Paraguaná (CRP), fueron detenidos el 22 de septiembre, sacados de sus puestos de trabajo y de sus casas, esposados y sin derecho a la defensa; además, los incomunicaron, los llevaron y trasladaron a Caracas, sin que sus familiares tuvieran acceso a ellos.
El pasado 22 de septiembre fueron detenidos siete, luego de 11 días, a dos de ellos los llevaron a sus casas y les prohibieron la comunicación con las demás familias e incluso hablar de lo que pasó estos largos 11 días. Los que quedaron privados de libertad son Lenín Martínez, gerente de Procesos del CRP; Neylander Colmenares, líder del equipo de Propósitos Especiales; Luis García y Digo Garrido, mecánicos, y Wilmer Amaya, trabajador de una contratista.
Los familiares de los detenidos denunciaron que han tenido un proceso viciado desde el principio; solo les dijeron que es una orden de Caracas y nadie les da respuesta de lo que sucede y por qué se les acusa de terrorismo. La desesperación los llevó a instalarse en el Circuito Judicial Penal Extensión Punto Fijo con pancartas y cantos para exigir la liberación de los trabajadores.
Familiares también denunciaron que el gobernador de Falcón, Víctor Clark, se conectó a través de sus redes sociales y una cadena de radio para dar un balance de las actividades que se hacen en el estado y aunque muchos de los familiares de los detenidos le escribían por la mensajería de la emisora y a través de Instagram, le pedían que se pronunciara sobre el caso, no obtuvieron respuesta alguna.
«Nuestras familias lo único que han hecho es trabajar, trabajar por este país y ahora los tratan como delincuentes», gritaban familiares desde las afueras del tribunal.
Es de recordar que los trabajadores petroleros fueron detenidos luego de que intentaran arrancar la producción de gasolina en una planta que estaba en mantenimiento; al parecer una mala maniobra terminó de dañar la planta con la que contaban iniciar la producción del carburante en la refinería Amuay.
