Venezuela se ha convertido en un país, sin opciones que favorezca a la población más vulnerable entre ella los adultos mayores que hacen todo para sobrevivir con un salario que sólo alcanza para dos artículos
Cobrar la pensión resulta un tormento para los abuelos que acuden a las dos sedes de Banco Bicentenario, en la Av. Sendrea de la capital de Guárico. María Figueroa, de 62 años, es un reflejo de la realidad que viven las personas de la tercera edad en la región.
Pensionados y otras personas manifestaron su descontento por redes sociales, recordándole al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), que 40.000 bolívares no alcanza ni para comprar medio cartón de huevo o un kilo de queso
La Asociación Nacional de Jubilados, Pensionados y Sobrevivientes del Ministerio Público protestaron frente a la sede del organismo para exigir una reunión con Tarek William Saab, luego de un año desde que les fueron suspendidos los bonos de alimentación y salud y recreación
Aunque los dirigentes sindicales no manejan cifras exactas, pueden asegurar que en este momento Sicoprosa, el servicio de salud autoadministrado del sector petrolero, no es admitido en ninguna clínica u hospital privado del país, y que solo en el subsector del gas han fallecido siete trabajadores por falta de atención médica en lo que va de 2019
Varios pensionados y jubilados informaron a El Pitazo que ya no hay enormes colas de gente queriendo retirar su dinero correspondiente al retiro del Seguro Social, mediante un recorrido por la ciudad capital
Además de cobrar el monto de la pensión, por partes y en billetes de 100 y 50 bolívares, los abuelos trujillanos aseguran que el beneficio les alcanza apenas para comprar un kilo de queso. Ni para adquirir medicamentos o el servicio de gas
El Comité de Derechos Humanos del estado Bolívar explicó que 270 mil pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se estarían viendo afectados por el nuevo mecanismo de pago
El salario mínimo en Venezuela es de 40.000 bolívares, y es la norma en la administración pública, donde lo perciben al menos unos tres millones de trabajadores