Una investigación de los medios El Pitazo y Runrunes reveló que en 11 meses el gobierno de Nicolás Maduro detuvo al menos 40 personas involucradas en venta ilegal de medicinas y pruebas rápidas para el COVID-19 y falsificación de resultados, pero del 64% no se conocen detalles de los procesos judiciales. La opacidad hace pensar a abogados que el Estado intenta crear una imagen de eficiencia en el marco de la pandemia, pero a costa de aprehensiones sin claros fundamentos que violan el debido proceso y el principio de presunción de inocencia de los arrestados