Caracas.- El impedimento de militares a la operación de acceso de la ayuda humanitaria, prevista para el sábado 23 de febrero a través de la frontera con Brasil, concluyó con una cifra negra: funcionarios dispersaron a tiros a los ciudadanos que alentaban el ingreso de insumos por el estado Bolívar y ocho pemones resultaron asesinados, 57 fueron heridos y 900 se desplazaron a Boa Vista.
Este 29 de abril, dos meses después de los sucesos de febrero, Orlan Ortiz, coordinador de pueblos indígenas de Foro Penal, informó que aproximadamente 900 ciudadanos miembros de la comunidad indígena pemón (raza autóctona suramericana que vive en la región sureste del estado Bolívar) se trasladaron a Brasil «para velar por su integridad tras el asedio de militares, pues después de los asesinatos del 23 de febrero se detuvo a 62 personas de forma arbitraria por tener en su poder vídeos y fotos de violaciones a derechos humanos».
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El 23 de febrero siete personas venezolanas, cuatro de ellas pemones, fueron asesinadas. Tres eran residentes de la comunidad Kumarakapay, uno de la comunidad Teiperu y tres de Santa Elena de Uairén. Además de esta cifra, Ortiz destaca que 57 personas fueron alcanzadas por balas, 15 de ellas habitantes de la comunidad Kumarakapay y el restante del Fuerte Escamoto.
Uno de esos pemones asesinados fue identificado como Kliver Alfredo Pérez Rivero, de 24 años, quien falleció de un disparo en el tórax en el Hospital de Boa Vista, pues en el de Santa Elena de Uairén no había insumos; el hombre tenía una esposa, dos hijos y era guía turístico en el tepuy Roraima, en la Gran Sabana. Después de su muerte, funcionarios militares junto a colectivos armados hirieron a su padre, Alfredo Pérez y a su hermano, Gebert Pérez.
El mismo caso lo cuenta el primo de Alberto Delgado, a quien persiguieron hasta desplazarlo luego del asesinato de su familiar. Además de estos nombres, se cuentan entre los muertos: Zoraida Rodríguez, herida de bala en Kumarakapay, y José Hernández, José Pérez y José Barrios, heridos entre Santa Elena y el Fuerte Escamoto.
De las siete personas asesinadas, tres de ellas fallecieron el Hospital General de Roraima; de las 57 personas que resultaron heridas 19 se encuentran asiladas en Boa Vista, Brasil.
A pesar de esta realidad, el abogado precisa que esta «persecución» no comenzó con el operativo de la ayuda humanitaria, sino que desde 2006 los funcionarios agreden a los indígenas con la finalidad de explotar las riquezas que se esconden en el Arco Minero, pues «en el municipio Gran Sabana se explota diariamente oro de forma ilegal, al igual que en el estado Bolívar».
El abogado cuenta que en 2018 el pueblo pemón también fue víctima, debido a que el 8 de diciembre funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar realizaron un operativo en la mina Arenal, sector en el que los indígenas practican la minería artesanal; allí fue asesinado Charly Peñaloza, de 21 años, y fueron heridos su hermano Carlos Peñaloza y otros dos indígenas.
Estos hechos han sido denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el próximo 9 de mayo el organismo internacional autorizó una audiencia pública, además de la ya existente medida cautelar a petición del Foro Penal.
Además de estas medidas, se conoció que en Brasil existe un expediente abierto por la comunidad de Roraima, pues indígenas afectos al gobierno de Nicolás Maduro han amenazado a caciques pemones que han recibido a sus hermanos de comunidad, pero de origen venezolano.
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