Ciudad Guayana.- Privativa de libertad fue la medida dictada en contra de los siete detenidos por el caso de Ángela Aguirre, menor de edad desaparecida en la isla La Terecaya y cuyo cuerpo fue encontrado tres días después en el balneario El Rey del río Caroní. La disposición fue tomada por el Tribunal Primero de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Violencia contra la Mujer del estado Bolívar.
José Cedeño (18 años) fue imputado por feminicidio, abuso sexual, suministro de sustancias y omisión al socorro. Mientras que José Zorrilla, Glauder Zorrilla, Orlando Salazar, Wilmer Díaz, Joselyn Barreto y Dayana Nicieza,por complicidad necesaria para el delito de feminicidio y omisión al socorro.
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Como sitio de reclusión para las mujeres fue fijado el Centro de Coordinación Policial Vizcaíno en San Félix, y para los hombres, la cárcel de Vista Hermosa en Ciudad Bolívar; sin embargo, fuentes del Ministerio Público aseguraron que la defensa alegó que “corrían peligro” y serán recluidos por unos días en las celdas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
La audiencia de presentación, que fue diferida cuatro veces, culminó a la 1:40 a.m, después de 10 horas. Durante la jornada, «los imputados se reían durante la audiencia”, comentó la fuente.
Mientras transcurría el acto judicial, algunos familiares, allegados, amigos y miembros de ONG estuvieron en las afueras del Palacio de Justicia de Puerto Ordaz para manifestar su apoyo y exigir justicia para Ángela.
La ONG Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) leyó un documento, suscrito por 62 organizaciones y más de 200 personas, en el que exigieron una investigación imparcial y libre de sesgos y estereotipos de género y que atendieran los protocolos de derechos de las mujeres.
“Notamos con preocupación con este caso que el tema de la investigación inferencial y el cumplimiento de la debida diligencia no ha sido puesto en práctica por los órganos del Estado. Por eso quisimos venir a apoyar, quisimos venir a brindar solidaridad con familiares”, indicó Jackeline Fernández, miembro de Codehciu.
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Explicó que el Estado está en la obligación de investigar antecedentes en el caso para determinar si hubo femicidio, vulnerabilidades propias de la víctima y determinar cualquier circunstancia.
“Dentro de la ley, cuando hay violencia sexual previa, el femicidio es calificado como femicidio agravado. Entendemos y respetamos de la misma manera los derechos de los presuntos responsables, lo cual quiere decir que el respeto por el proceso penal debe darse a ambas partes”, aclaró Fernández.
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