Entrada de la Cota 905. Foto: Provea.
«La vida como prioridad», es el llamado que hicieron este martes, 27 de julio, representantes de la organización no gubernamental Provea en compañía del padre Alfredo Infante, párroco de La Vega.
Presentaron un documento denominado «La prioridad es la vida de la gente» y que consideran una hoja de ruta para atender de manera integral la violencia en zonas populares, esto a raíz de los recientes hechos ocurridos en la Cota 905, El Valle, La Vega y el Cementerio.
El comunicado plantea la necesidad de que estos operativos tengan acompañamiento de instancias internacionales, nacionales, locales y comunitarias «para garantizar la vida e integridad de la población».
Al respecto, Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, explicó que el Estado debe atender las recomendaciones hechas por la oficina del Alto Representante para los Derechos Humanos de la ONU y de la Comisión Interamericana.
«Solamente con operativos policiales como los que se vieron los últimos días no van a disminuir las causas de la violencia», dijo Uzcátegui.
El comunicado también urge al control de porte de armas y a realizar una investigación dentro del propio Estado para verificar «los puntos de fuga de armas de guerra». Asimismo, piden retomar las recomendaciones hechas durante el proceso de reforma policial en cuanto al «marcaje de las municiones asignadas a los cuerpos de seguridad».
Según el padre Infante, el desplazamiento interno se ha agudizado por lo que requiere también de un acompañamiento humanitario.
«Las zonas de mayor desplazamiento han sido ocupadas por fuerzas policiales, por lo que no ha sido posible cuantificar», sostuvo el párroco.
«No ha sido fácil corroborar las cifras porque la comunidad tiene temor de denunciar excesos, no solo durante el operativo sino los días siguientes», dijo Rafael Uzcátegui, quien agregó que continúan recogiendo testimonios de familiares para determinar si hubo ejecuciones extrajudiciales.
Algo que ratificó Juana Estrada, habitante de La Vega que relató el sufrimiento de las madres de esos sectores por sus hijos: “No sabemos a quién acudir. Tenemos miedo de que la violencia nos quite a nuestros hijos. También hay miedo a organizarse y denunciar y con ese miedo no se solucionará nada”, dijo.
En cuanto a los detenidos por estos operativos, Marino Alvarado dijo que tuvo contacto con familiares de algunos detenidos que fueron trasladados a la sede de la PNB en La Quebradita, donde dijo, manejan información que se han incorporado celdas del Sebin.
También indicó que algunas personas que no tenían que ver con la Cota 905 e incluso no fueron detenidos en la zona, fueron liberados.
Alvarado informó que en el caso de los operativos de La Vega ocurridos a principios de año, han identificado a 19 víctimas y también a funcionarios que participaron en el operativo y que tienen algún nivel de responsabilidad en lo que Provea califica de «masacre». Anunció que pronto presentarán un informe.
Esta web usa cookies.