El teniente de la Armada Bolivariana de Venezuela, Neil Eduardo Varela Antías (25), así como Javier Augusto Rivero Cisnero (24) y Douglas Yubrahan Hernández Durand (20), fueron privados de libertad por su presunta responsabilidad en el homicidio de los alguaciles del Palacio de Justicia de Caracas, Alonso Posada Linares (27) y Andreina Sosa Briceño (23).
Según nota de prensa del Ministerio Público, los cadáveres de Posada y Sosa fueron localizados por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en la madrugada del 14 de junio de este año en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de Caricuao.
En la audiencia de presentación, los fiscales 36º nacional auxiliar y 55º del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Luis Felipe Cádiz y Miguel Ángel Hernández, respectivamente, imputaron al militar y a los otros dos hombres bajo la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles, robo agravado, asociación para delinquir y robo agravado de vehículo automotor.
Estos delitos se encuentran tipificados en el Código Penal y las leyes Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores.
Luego de evaluar los elementos de convicción y a solicitud del Ministerio Público, el Tribunal 50º de Control del AMC dictó la medida privativa de libertad para las tres personas y ordenó como sitio de reclusión el Internado Judicial Capital Rodeo II, en Guatire, municipio Plaza del estado Miranda.
Aproximadamente, a las dos de la madrugada del citado día, funcionarios del Cicpc localizaron los cadáveres de los mencionados alguaciles con varios disparos en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de la estación de servicio de combustible de Caricuao.
En virtud de una orden de aprehensión emitida por la citada instancia judicial y materializada el pasado 11 de noviembre, Douglas Hernández fue detenido por funcionarios del Cicpc en una vivienda de la urbanización La Bonita del municipio Baruta.
Mientras que el teniente Varela y Javier Rivero estaban acusados por el Ministerio Público, tras el homicidio de una mujer ocurrido el 13 de julio en San Bernardino, casi un mes después del hecho de los dos alguaciles.
El 19 de agosto de este año, funcionarios de la policía científica detuvieron a Rivero en su residencia ubicada en la avenida Morán de Caracas y al teniente Varela en su comando de la Armada Bolivariana, en Mamo, estado Vargas.
Tras labores de investigación coordinadas por el Ministerio Público, se determinó la presunta vinculación de Rivero y Varela en la muerte de los alguaciles Posada Linares y Sosa Briceño.
