Maracaibo.- Dos indígenas fueron golpeados con un bate por cinco agentes de la policía estadal en Zulia y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quienes los torturaron y amenazaron de muerte, según denunciaron voceros del Comité de Derechos Humanos de La Guajira.
Los dos obreros de la finca La Chinca del municipio Colón, Sebastián Urdaneta (18 años) y Víctor Gutiérrez (24 años), fueron «torturados de manera brutal», de acuerdo con la denuncia de los voceros. Acusan a cinco agentes del Cicpc y del Sipez, organismo dependiente del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez).
«Los golpearon varios días para que admitieran haber cometido un hurto», denunció José Marín, abogado y miembro del Comité de Defensa de la organización de Derechos Humanos, quien indicó que se trasladaron al municipio Colón, en Zulia, para formalizar la denuncia en la Fiscalía Decimosexta del Ministerio Público, así como a organismos encargados de velar por los derechos de los pueblos originarios.
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«Estos funcionarios les dieron fuertes golpes con bates y los amenazaron de muerte si los volvían a ver en la zona. Prácticamente les dijeron que se fueran del Sur del Lago y admitieran haber hurtado tres bombas de agua potable, diez reses en pie y 200 metros de alambre que fueron sustraídos de la finca Costa Verde, adscrita a la agropecuaria Sur del Lago, propiedad de Julio Luzardo Bravo», mencionó Marín.
El activista de derechos humanos refiere que los torturados laboraron por nueve años en el fundo Costa Verde, pero cesaron la relación con el patrono y se fueron a trabajar en otra finca, aunque nada tienen que ver con la pérdida de los insumos agrícolas o el semoviente propiedad de Luzardo. «Hacemos un llamado a las instituciones que administran justicia a no permitir más estos actos que atentan contra la integridad física de hombres trabajadores del campo y de nuestros pueblos. Queremos que haya justicia», dijo Marín.
Tanto Urdaneta como Gutiérrez fueron evaluados por peritos del Cicpc y ninguno presentó daños internos que comprometan su salud; sin embargo, para el comité, los organismos judiciales deben sancionar a quienes abusan del poder y usan la fuerza para amedrentar.
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