El exsecretario general de la OEA, José Miguel Insulza, afirmó este viernes que el fallo de la Corte Suprema chilena de solicitar que se revise ‘in situ’ la situación de los opositores Leopoldo López y Daniel Ceballos, presos desde 2014, provocará «algún problema» entre Chile y Venezuela.
La corte resolvió que a través del Gobierno chileno se pida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se presente en la cárcel de Ramo Verde donde López cumple condena y en el domicilio de Ceballos, que tiene arresto domiciliario, para constatar «el estado de salud y de privación de libertad de ambos protegidos».
La CIDH es la que decide «si va o no va», sin embargo «creo que (el fallo de la corte) provocará algún problema entre Venezuela y Chile, a pesar que no es una petición del Gobierno», apostilló Insulza.
Las declaraciones del exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) fueron efectuadas durante una conferencia en Santiago sobre «La Democracia en el Sistema Interamericano» organizada por el Departamento de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
«La Comisión tiene que ser invitada. La mayor parte de las naciones latinoamericanas ha extendido invitaciones abiertas, pero si Venezuela no ha hecho esa invitación, tiene que ser aceptada por ellos. Venezuela está en su derecho a negarse, de acuerdo a las normas actualmente vigentes», precisó Insulza.
El tribunal chileno consideró que en los casos de López y Ceballos se encuentran «todos los requisitos exigibles para que actúe la jurisdicción universal protectora de los derechos humanos», dado que los tribunales de Venezuela no están actuando «con suficiencia» para proteger los derechos de los dos opositores.
Insulza indicó, además, que esta petición (de la Suprema chilena) tiene pocos precedentes y recordó que, en otros periodos de tiempo, Venezuela no ha permitido a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA ingresar al país.
En tanto, el Partido Comunista (PC) chileno cuestionó y manifestó su preocupación por el fallo de la Corte Suprema.
En un comunicado, los comunistas chilenos «manifestaron su preocupación ante el fallo que no puede abstraerse del clima preelectoral existente en Venezuela y de la campaña externa que ha pretendido desestabilizar al Gobierno y la institucionalidad de ese país».
Aseguraron que «la jurisdicción universal tiene aplicación, de acuerdo a los tratados, principios y doctrina del derecho internacional, respecto de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que habilitan la persecución penal por cualquier Estado».
El PC sostiene que «el derecho constitucional que se pretende proteger, según el fallo, es el derecho a la vida. No obstante, no aparece cuáles son los hechos que configurarían la amenaza a ese derecho. Más aun, el fallo no especifica en modo alguno las circunstancias que amenazarían la vida de los protegidos».
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