Barquisimeto.- En el año 2021 se registraron 21 asesinatos de niños, adolescentes y jóvenes en el Área Metropolitana de Caracas y 7 infanticidios en el estado Lara, revela un estudio del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) presentado este martes, 22 de febrero, en el foro virtual “Violencia estructural en la familia en la crisis humanitaria”.
La profesora Iris Amelia Rosas, coordinadora del OVV, señaló que 8 de las 21 muertes violentas que contabilizaron en la región capital ocurrieron en intervenciones policiales en parroquias donde actúan grupos criminales: Petare, Baruta, El Valle, Filas de Mariche, La Vega, San Agustín, San Juan y Sucre. Las víctimas eran jóvenes y adolescentes.
Entre los tipos de violencia sufrida y extendida por los niños, niñas y adolescentes en el país, la organización no gubernamental (ONG) identifica los homicidios, violaciones, agresiones graves y suicidios, pero hay otros delitos menos conocidos por el fenómeno de la no denuncia como la inseguridad alimentaria, abuso sexual, tortura, agresiones menos graves, violencia psicológica, intentos de suicidio, no escolarización, desaparición y explotación sexual que van en aumento, advirtió el sociólogo Carlos Meléndez, coordinador del OVV capítulo Lara.
“La violencia sufrida y extendida está generando secuelas físicas y psicológicas que prolongan el riesgo a mayor vulnerabilidad y violencia social (…) La violencia contra niños, niñas y adolescentes se expresa en diferentes formas. Los niños mayores de 10 años deben realizar con más frecuencia trabajo infantil, mientras que las niñas de 4 a 5 años de edad son más vulnerables a la violencia sexual”, declaró Meléndez.
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Violencia intrafamiliar en aumento
Para Rosas el aumento de la violencia intrafamiliar deja a la población infantil en una situación cada vez más vulnerable. Esta tendencia se asocia a la falta de políticas públicas preventivas, la pobreza extrema, las privaciones de servicios públicos, la inseguridad y el rol protector de la familia. El Estado es el principal responsable en estos casos, sostuvo.
“La violencia sufrida y extendida genera secuelas físicas y psicológicas que prolongan el riesgo a la violencia y a ser captados por el crimen organizado. Se debe hacer un llamado para evitar que la violencia siga teniendo mayor intensidad y que a largo plazo se tengan hijos del odio que pueden llegar incluso a ser canales de mayor violencia en el futuro”, alertó Meléndez.
De acuerdo con Meléndez y Rosas, la sociedad civil, ONG y las escuelas han diseñado programas e iniciativas para contener la violencia y brindar atención a los niños, niñas y adolescentes ante la ausencia del Estado.
“La sociedad civil abre comedores para atender el tema de la seguridad alimentaria y va adquiriendo herramientas para la atención de la violencia, pero también los vecinos. En la escuela también hay una especie de búsqueda alternativa de contención de la violencia y no lo hacen por medio de las entidades estatales sino por gestión individual de maestros con el apoyo de familiares en el exterior”, agregó Meléndez.
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Revictimización y estrés en la juventud
Por otra parte, la coordinadora regional de Alimenta la Solidaridad en Lara, Grace Morales, indicó que la carencia de servicios públicos y la pobreza estructural han desencadenado más estrés en la juventud que vive en zonas vulnerables.
“Cada vez más jóvenes son empujadas a tener hogares, a ser cuidadoras y amas de casa a temprana edad y ellas ven como un medio para salir del entorno salir con hombres mayores y lo vemos con profunda preocupación porque ya está naturalizado este hecho (…) Las mujeres a los 31 años ya tienen una familia constituida con poco conocimiento sobre el embarazo o sin herramientas para afrontar la crianza. En esta etapa, los niños son empujados desde corta edad a ser adultos en el manejo emocional y las niñas asumen el rol de cuidadoras de sus hermanos o de sus propios padres. El inicio de la adultez a edades muy tempranas genera frustraciones y poca exploración vocacional”, sostuvo.
El activista de derechos humanos Eliecer Lobo, entre tanto, aseguró que es urgente que el Estado restablezca los derechos de los niños, niñas y adolescentes y haga un trabajo para atender las denuncias de vulneración de derechos.
“Las instituciones receptoras de denuncias (como la policía o los consejos de protección) no reúnen los requerimientos mínimos para la atención de los delitos”, subrayó.
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