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Organizaciones no gubernamentales y defensores de Derechos Humanos entregaron este lunes 30 de noviembre un comunicado alos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) para expresar al ente sus preocupaciones y exigencias en el marco de las elecciones parlamentarias pautadas para este domingo 6 de diciembre.
En el documento resaltan la necesidad de que los electores tengan acceso a distintos niveles de información para decidir de forma razonada y consciente. Por esto señalan que es vital que las instituciones reduzcan las arbitrariedades, frenen el uso indiscriminado de los recursos públicos, y permitan la cobertura periodística en las diversas fases del proceso «para que la colectividad esté lo más informada posible». En la misiva recordaron que el deber del Poder Electoral es garantizar un balance igualitario en la difusión de propaganda partidista, regular el uso de los medios públicos por parte del gobierno; en particular lo relacionado con las transmisiones obligatorias conjuntas de radio y televisión (Cadenas) y los mensajes obligatorios establecidos en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorte-me). ONG y defensores cuestionaron el uso de mensajes obligatorios con contenido electoral que no se someten a los criterios de campaña, «ya que se traducen de facto en propaganda electoral». Sostienen que la ley Resorte-me no puede ser utilizada para justificar la emisión extra de propaganda oficial disfrazada de mensaje público. Esto, al igual que la difusión de mensajes obligatorios con contenido electoral antes del 13 de noviembre, constituye delito que se traduce en ventajismo. Denunciaron ante rectores el uso discrecional de las cadenas en Venezuela, reportando que entre el mes de enero y octubre de 2015, se realizaron 147 cadenas que suman 143 horas de transmisión obligatoria que impidieron a las personas acceder a diversas fuentes de información. En el comunicado citaron un informe de Observación Electoral de la Unión Europea del año 2005, en donde señalaron que en las últimas dos semanas de campaña hubo cinco cadenas sin que existiese una amenaza expresa a la seguridad o una situación de emergencia que las justificase. Esto quiere decir que hace diez años, el total de horas en cadena registrado fue de 105. Esto implica un incremento ya que en lo que va de 2015 se han contabilizado 143 horas, lo que justifica la preocupación ya existente, pues «constituye un abuso de poder que debe ser sancionado por violar la libertad de expresión de las personas al impedir el acceso plural a la información». De acuerdo a los estándares internacionales de libertad de expresión, la carta «reitera la obligación de los medios públicos en presentar información equilibrada», al mismo tiempo «garantizar un acceso justo y no discriminatorio para que todos los candidatos transmitan sus mensajes directamente al público». Recordaron que autoridades tienen la facultad de obligar a las transmisiones conjuntas de radio y televisión a estar reguladas, para proteger la difusión de información plural, sin imposición arbitraria de contenidos. Estos deben ser aquellos estrictamente necesarios para atender urgencias en materias de claro interés público y durante el tiempo requerido para difundir dicha información. Las organizaciones advierten que la inacción del Poder Electoral ante las arbitrariedades ratifican estrategias torpes que evidencian un abuso de poder por parte del Gobierno, actitud que subestima a los ciudadanos al asumir que se puede actuar en impunidad. Más exigencias al CNE · La regulación eficiente del uso de medios públicos, lo que implica la sanción por la difusión obligatoria de contenidos con propaganda oficialista, y velar por su ajuste al tiempo legal durante la campaña. · Que sancione de manera expresa la difusión de propaganda electoral por parte de quienes lo hicieron fuera del periodo de campaña. · Que exija y garantice la apertura de los medios públicos para la difusión de propaganda electoral de todos los sectores postulados a la elección y facilite el debate plural de los distintos candidatos al parlamento. · Que permita el acceso directo de la prensa a todos eventos del proceso electoral, incluyendo auditorías para difundir la mayor cantidad de información posible a la colectividad. · Que exija y garantice límites en el uso de cadenas durante la campaña.