| Foto: Cortesía Una Ventana a la Libertad
Ciudad Guayana.- Las mujeres privadas de libertad en el Centro de Coordinación Policial Vizcaíno en San Félix, estado Bolívar, exigieron a la comisión presidencial de la revolución judicial que sean tomados en cuenta los delitos mayores, y las reclusas que tienen condiciones de salud especiales.
“Estamos algunas mujeres enfermas, que no estamos aptas para estar en estos sitios, tenemos informes médicos forenses y estamos esperando por un arresto domiciliario y todavía no hemos sido tomadas en cuenta. Las mesas de trabajo las retomaron esta semana, esperamos que nos atiendan”, explicó a El Pitazo una de las reclusas que pidió resguardar su identidad.
El derecho a la salud es una de las principales medidas que están exigiendo las 58 mujeres que están en este centro de reclusión del estado Bolívar. Aunque agradecen que la Fiscalía de Derechos Fundamentales les ha dado el apoyo, piden que las diputadas que están a cargo de la comisión especial, agilicen el proceso.
El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, anunció una revolución judicial, con el fin de descongestionar los recintos carcelarios de Venezuela. En el estado Bolívar solo han tomado en cuenta los delitos menores de las mujeres, según denunciaron las reclusas.
“Cuando empezaron solo atendieron y salieron muchas mujeres por delitos menores, pero desde hace dos semanas dejaron de tomarnos en cuenta. Le pedimos al jefe de la comisión, Antonio Benavidez, que nos dé una oportunidad, somos seres humanos, madres de familia y algunas inocentes, pagando delitos que no cometieron”, mencionó la privada de libertad.
Hay mujeres que tienen más de tres años esperando por ser atendidas por un tribunal para que les sea dictada una sentencia, por lo que esperan que en los próximos días vayan a revisión los expedientes de las decenas de mujeres.
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones en su informe sobre las condiciones de las mujeres privadas de libertad en Venezuela, estas se encuentran en una «situación de abandono y olvido por parte del sistema de justicia penal, del centro penitenciario, de los legisladores y en general por parte de los responsables del efectivo cumplimiento de sus derechos humanos, el Estado”.
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