Caracas.- El fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó este lunes, 15 de junio, en rueda de prensa, que cuatro funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) fueron presentados ante tribunales por la presunta comisión de homicidio calificado por motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible.
Los funcionarios policiales que será culpados son: Sandy Bracho, Juan Rondón, Kleiny Lemus y Antony Castellar por estar involucrados en el asesinato de cinco personas el 11 de junio en el sector La Cruz ubicado en la carretera vieja Caracas-La Guaira. Wilmer Yánez, uno de los ultimados, era el escolta de la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela.
El funcionario chavista relató lo que sabe luego de la investigación y dijo que los fiscales constataron inconsistencias en las actas policiales, que informaban sobre un presunto enfrentamiento y establecieron la existencia de un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza.
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La misma investigación reveló, según Saab, que en horas de la madrugada del 11 de junio, Wilmer Yánez, Andry González, Pedro Salcedo, Arquímedes Fuenmayor y Roger Narváez, (los occisos) se encontraban durmiendo en sus residencias cuando comisiones de las Faes irrumpieron violentamente en sus viviendas. Posteriormente, los sacaron a la calle y fueron conducidos a un sector boscoso de la barriada (un hecho que los vecinos constataron).
En otro hecho murió un adolescente
El fiscal del gobierno de Nicolás Maduro también adelantó información sobre el asesinato de un adolescentes de 16 años identificado como George Soto Berroterán, encontrado el 12 de junio por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en una fosa sellada con concreto en la parroquia Caruao del estado Vargas.
Por este hecho, el Ministerio Público ordenó la aprehensión de José Pinto Marrero (diputado en el Consejo Legislativo de Vargas y secretario general del Movimiento Tupamaro), José Fidel Blanco, Jesús Sánchez Roquett y Jesús Ibarra. Los cuatro solicitados serán imputados por la presunta comisión de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos fútiles e innobles, privación ilegítima de libertad y agavillamiento.
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Según el titular del Ministerio Publico las investigaciones arrojaron que la muerte del joven fueron ocasionadas por los escoltas de Pinto y pescadores que actuaron ejecutando sus órdenes. Además se supo por otro pescador que vio cómo golpeaban a George.
El joven trabajaba como pescador para José Pinto y fue visto por última vez el 23 de mayo cuando se dirigió hacia la finca La Tupareña, propiedad de este ciudadano y ubicada en la parroquia Caruao. Los familiares denunciaron su desaparición el 1° de junio.
