Foto: Cortesía OVP
Caracas.- El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció el jueves 20 de agosto que en el Centro Penitenciario de la Región Andina (Cepra), ubicado en el estado Mérida, los reclusos no tienen acceso al agua potable ni a energía eléctrica estable. Además hay irregularidades en la distribución de alimentos y no pueden comunicarse con sus familiares.
Mediante un comunicado de prensa, la directora del OVP, Carolina Girón, señaló que la situación de este penal no es distinta de la del resto de los centros penitenciarios en Venezuela y recalcó que la precariedad en la que sobreviven los 995 presos que alberga el Cepra es realmente preocupante.
“La alimentación que reciben es escasa. En mayo protestaron por esta razón y la respuesta del Ministerio Penitenciario fue trasladar a 150 presos al Centro Penitenciario de Occidente (CPO)”, añadió Girón.
La abogada y defensora de derechos humanos detalló que la ingesta diaria de los internos del Cepra está compuesta por arroz blanco sin acompañante y agua de lentejas y otros granos. También enfatizó el nulo acceso de la población penitenciaria al agua potable, por lo que consumen el agua contaminada de la quebrada La Sucia, en la cual abundan heces de animales y otros desechos que podrían tener efectos devastadores en la salud de los reclusos.
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Otro de los males que aquejan a los reos del referido centro penitenciario son los constantes cortes de electricidad, a pesar de que el penal tiene una planta pero se encuentra en muy mal estado. En ese sentido, se supo que los internos deben activar la planta cuando se va la luz, y realizando esta tarea, uno de ellos resultó herido en una oportunidad, con quemaduras en varias partes del cuerpo.
Al igual que en otros recintos, en el Centro Penitenciario de la Región Andina fue reactivado el ingreso de paquetes y suministros para los reclusos cada 15 días, pero desde hace tres semanas los familiares tienen muchas dificultades para trasladarse por un paro de transporte en la región.
Por la ausencia de transporte, algunas madres, esposas y demás familiares deben ingeniárselas para llegar hasta el penal, y entre ellos se turnan para, finalmente, entregar los paquetes. Lo más cerca que pueden llegar es hasta la zona de El Estanquillo, pero desde allí deben caminar distancias de hasta 30 kilómetros, que son aproximadamente 45 minutos a pie.
“Muchas de las madres son personas de la tercera edad, esposas que deben trasladarse con niños a los que no pueden dejar solos por una u otra razón en sus hogares, solo para llevar un poco de alimento a sus seres queridos, que se encuentran bajo la responsabilidad del Estado. A estas mujeres también se les están vulnerando sus derechos”, puntualizó la directora de OVP.
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