Caracas.- Abatido, dado de baja, ultimado son palabras de uso policial. Sin embargo, en Venezuela se han normalizado y el ciudadano las utiliza y reclama su empleo. Especialistas en derechos humanos y periodistas expertos indican que estos vocablos se han difundido con la intención de exonerar de responsabilidad a los organismos policiales o militares, pero la obligación del medio o del comunicador no es otra que contar la verdad.
Ronna Rísquez, periodista especializada en derechos humanos y directora de la fundación Insight Crime, detalla que los medios de comunicación tienen una responsabilidad, que es informar la verdad conformada con las versiones de las partes involucradas. «Cuando se publica una información donde mataron a siete o 10 presuntos delincuentes, y se dice abatieron a 10 choros, se le quita la responsabilidad a los funcionarios. El deber es informar que hubo un enfrentamiento, una ejecución extrajudicial, o que los uniformados dispararon en defensa propia, según sea el caso», detalla.
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Respecto al uso de adjetivos como delincuentes, hampa, choros, malandro, azote, criminal, Rísquez indica que estas palabras deben ser modificadas por personas, ciudadanos o civiles, porque los medios de comunicación no son jueces y no tienen el derecho de usar calificativos. «Nuestra tarea como periodistas es consultar las fuentes. No tenemos la potestad de criminalizar a personas que no tenemos la certeza de que son delincuentes, porque no tenemos acceso a su prontuario policial o los hemos visto cometido delitos».
El manual de estilo de Monitor de víctimas coincide con la opinión de Rísquez y dice textualmente: «No catalogue o etiquete a las personas con expresiones y adjetivos descalificadoresy deshumanizantes. Es preferible evitar los adjetivos».
Rafael Uzcátegui, sociólogo y coordinador general de Provea, también habla sobre el uso de calificativos a personas que presuntamente cometieron un delito. Rafael aclara que la palabra «malandro» es una calificación que supone que la persona ha cometido un delito, y eso lo debe determinar un tribunal, porque según la Constitución existe la presunción de inocencia.
Rafael dice que hay ciudadanos que no están de acuerdo con esto, o que se diga enfrentamiento sin que haya distinción sobre si hubo o no una desproporción entre los heridos o fallecidos civiles y el número de funcionarios. Dice que cuando esta cifra es altamente desigual es un indicativo de un presunto ajusticiamiento, pues un enfrentamiento se genera entre dos bandos con igual poder de fuego.
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