Caracas.- Un grupo de familiares de los jóvenes que murieron el 16 de junio de 2018 en el club social de El Paraíso, conocido popularmente como Los Cotorros, se acercaron este viernes, 22 de mayo, a las instalaciones del establecimiento para constatar la realización de unas remodelaciones que se ejecutan en la planta baja del establecimiento. Los parientes de las víctimas denunciaron una posible reapertura del local y aseguran que esta acción contraviene la orden de clausura emanada desde el Ministerio de Interior y Justicia.
“No hay ninguna autorización de las autoridades para que este local sea reabierto, y no lo pueden abrir hasta tanto el proceso judicial culmine o el tribunal tomé una decisión”, afincó Yelitza Morales, madre de una de las 19 personas que fallecieron luego de que un adolescente de 16 años accionara una bomba lacrimógena en el interior de la sala de fiesta del local donde se celebraba una fiesta de progradución.
LEE TAMBIÉN
Fiscalía priva de libertad a último implicado en la tragedia de Los Cotorros
Los familiares confirmaron que dentro del local había implementos para construcción, como palas y carretillas, así como sacos de cemento y tierra. Incluso, el letrero que tenía el local fue retirado de la fachada. Se supo que las obras se realizan en horas de la noche. Cuando los parientes llegaron en horas de la mañana de este viernes no encontraron a ningún obrero en el lugar.
| Foto Cortesía de los familiares de las víctimas de Los Cotorros 
Dentro de local hay implementos de construcción. Se desconoce quién emprende las labores, pero se presume que el local pudo ser vendido a un tercero para montar un negocio de venta de alimentos | Foto Cortesía de los familiares de las víctimas de Los Cotorros
“Nos enteramos por un familiar de una de las víctimas que resguarda su grúa en un estacionamiento cercano al club que ha visto que están construyendo dentro o remodelando. Hasta donde tenemos conocimiento el local está clausurado, ni el Ministerio Público ni el Tribunal han notificado de que se puede abrir nuevamente”, dijo Morales.
Tras los sucesos, el Ministerio de Interior y Justicia clausuró el local tras determinar que los dueños violaron artículos de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones. El contrato para la realización de eventos en Los Cotorros establecía que la seguridad debía ser contratada por los organizadores e indicaba, además, que los arrendadores del local no se hacían responsables por los daños y perjuicios sufridos por el arrendatario y los asistentes por causa de fuerza mayor, casos fortuitos, por ruina, incendio o derrumbe.
LEE TAMBIÉN
Tribunal sentenció a adolescente que accionó bomba lacrimógena en el club de Los Cotorros
Sobre el responsable de la firma del contrato para la realización de la fiesta de prograduación, denominado The Legacy, aún nada está claro. La información preliminar señalaba que Wilmer José Acosta Martínez, de 45 años, habría refrendado el acuerdo por su hijo que tenía 17 años y quien habría organizado el evento con Jesús Navas, un joven que para 2018 era menor de edad y estaba involucrado en la planificación y desarrollo de espectáculos nocturnos. Pero el Tribunal 5° de Control del Área Metropolitana de Caracas decidió el pasado mes de febrero dejar en libertad a Acosta Martínez, quien fue detenido el 24 de diciembre de 2019, al no contar con elementos que lo relacionaran con los hechos ni con la planificación de la actividad.
Los familiares de las víctimas de la tragedia de Los Cotorros señalan que los dueños del local, a casi dos años del suceso, no se han comunicado con ellos. No se tuvo certeza aún sobre quién decidió emprender las reparaciones en el lugar, pero a la concentración de los parientes llegó un hombre, sin identificarse, que dijo que el establecimiento había sido vendido y que se pretendía montar un negocio de alimentos.
Morales indicó que irían a consignar ante la Fiscalía las fotografías y vídeos tomados en el local que demuestran que está siendo objeto de reparaciones. El proceso judicial se encuentra paralizado debido a la medida de cuarentena aprobada por el Ejecutivo nacional por la llegada del COVID-19 al país. Aún falta que el juez que sigue el caso dicte sentencia contra el Gilberto Alejandro Petit, de 22 años, quien ingresó la bomba al local, y María de los Ángeles Arcia, de 21 años, quien participó en la logística del evento.
