Por Valerie Araujo
En la tarde de ayer miércoles, se realizó un evento en la Universidad Central de Venezuela, al cual asistieron miembros del Observatorio Electoral Venezolano, Voto Joven, Asociación Civil Súmate y varios expertos en materia electoral para discutir sobre las disposiciones legales presentes en los delitos electorales.
En la discusión estuvo presente la abogada y consultora electoral Egleé González Lobato, quién aseguró que los delitos electorales “se encuentran a la deriva”, debido a que no existe una clara tipificación de los mismos en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Esta Ley fue aprobada en el año 2009, derogando así la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política.
La antigua Ley, a diferencia de la actual, sí hacía mención de 27 supuestos de delitos, cuyas penas eran de prisión, e iban de seis (6) meses a tres (3) años.
Según el artículo 228 de las Ley Orgánica de Procesos electorales, los delitos y faltas electorales que cometieren los ciudadanos, ejerzan o no funciones públicas, no contempladas en dicha Ley, serán regulados mediante una ley especial, la cual no se dictó para las elecciones del 6 de diciembre.
Por esta razón, la consultora electoral dejó al aire la interrogante sobre si esto quiere decir que se han despenalizado los delitos electorales.
Para la abogada, todo aquello que obstaculice y atente en contra del derecho al sufragio es un delito a denunciar.
Por otro lado, Félix Arroyo, asesor en asuntos electorales de la Mesa de la Unidad Democrática, prevé que, durante las elecciones del próximo domingo, las faltas electorales se darán en su mayoría a las afueras de los centros de votación, poniendo como ejemplo la colocación de puntos rojos o azules a menos de 200 metros de los centros de votación.
Las distintas organizaciones presentes en la reunión aseguraron que estarían realización monitoreo de medios y recibiendo denuncias durante el desarrollo de las votaciones. A su vez, destacaron el trabajo realizado por la plataforma El Guachimán Electoral en la recolección y verificación de denuncias de los ciudadanos.
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