Caracas.- Las sanciones de Estados Unidos contra cuatro altos militares señalados de ser responsables de torturas, debe incluir a los funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) involucrados en cerca de 5.000 ejecuciones extrajudiciales en 2018, bajo la llamada Operación de Liberación del Pueblo (OLP) realizada en varias ciudades del país.
La afirmación corresponde al diputado y vicepresidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Armando Armas.
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“Las medidas adoptadas contra el general Rafael Blanco Marrero, el coronel Hannover Guerrero Mijares, el comandante Alexander Granko Arteaga y el coronel Rafael Franco Quintero, (…) como consecuencia de la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, evidencian la violación de los derechos humanos y las atrocidades cometidas por la dictadura contra la disidencia”, dijo Armas mediante una nota de prensa.
El parlamentario señaló que el informe presentado por la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, recomendó al gobierno de Maduro disolver la Faes.
Armas consideró que el apoyo de la comunidad internacional ha sido fundamental para que «los responsables de la barbarie» sean castigados.
“Todos estos casos han sido documentados y la Alta Comisionada de la ONU debe agilizar los trámites pertinentes para que la Corte Penal Internacional aplique las sanciones a que haya lugar”, dijo.
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