Sobre el recientemente designado ministro de Cultura, Adán Chávez, pesan dos investigaciones en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. La primera, por presunta malversación de fondos en el Complejo Agroindustrial Azucarero «Ezequiel Zamora» (Caaez), entre 2012 y 2015, durante la reparación de maquinaria y construcción de edificaciones; y la segunda, por incurrir en supuestas irregularidades durante la construcción de 16 obras de infraestructura en su gestión, todas paralizadas desde hace cuatro años.
Según el expediente N° 1662, relacionado con el Caaez, la instancia calculó el daño patrimonial en 291,9 millones de dólares –equivalente a 1,3 millardos de bolívares– y detectó a siete funcionarios implicados, además de Chávez: el presidente del complejo, Camilo Di Cola; los presidentes de la Corporación Venezolana de Alimentos-Azúcar (CVA), Riblia Rodríguez y Wilfredo Maya Silva; el ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo; el ex gerente técnico del Caaez, José Manuel Mercado; el ex ministro de Planificación, Jorge Giordani; y Víctor Peñalver.
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El daño patrimonial aproximado de las obras estadales y los cinco proyectos agroproductivos construidos en su gestión involucra un monto mucho menor: 8,1 millones de bolívares. Entre estas obras se incluyen la rehabilitación de hospitales, ambulatorios, preescolares, escuelas básicas y sistema de aguas servidas.
Censura regional
A raíz de ambos anuncios hechos por la comisión, quedó terminantemente prohibido para los únicos tres periódicos que aún circulan en Barinas –Diario Los Llanos, La Prensa y La Noticia– publicar contenidos que impliquen la presunción de corrupción del gobernador, conforme lo ordenó un tribunal de la entidad. Unos meses atrás, Chávez denunció al diputado Freddy Superlano por “difamarlo e injuriarlo”.
Por la trascendencia del proyecto, El Pitazo te presenta con mayor detalle el historial del Caaez a continuación.
Cronología: una década de construcción perdida
La central azucarera se erigió en Barinas como una de las centrales “más modernas de América del Sur”: prometía el procesamiento de 14.800 hectáreas diarias de caña de azúcar, para cubrir el 20% de la demanda en el país –1,2 millones de toneladas de azúcar–, y la generación propia de energía con material residual, que aportaría 822,41 megawatts diarios y equivaldría a encender 139.809 hogares, como mínimo, de acuerdo con una medida internacional estándar. Se dijo que la obra transformaría la vida de los habitantes de Sabaneta, la ciudad natal de Hugo Chávez Frías.
Para tener una idea: la caña de azúcar es una materia prima capaz de captar y almacenar energía solar y, a partir de ella, producir importantes cantidades de electricidad sin generar contaminación. Se calcula, por ejemplo, que en un año una hectárea puede absorber más de 60 toneladas de dióxido de carbono y producir 40 toneladas de oxígeno puro. He aquí la importancia del complejo concebido el 22 de diciembre de 2001: produciría alimento, paliaría el déficit energético y, al mismo tiempo, preservaría el medio ambiente.
Las cosas, sin embargo, salieron mal desde el comienzo. En febrero de 2004, meses después de iniciada la ejecución del proyecto, la Fiscalía abrió una investigación por el cobro indebido de un cheque de 220 millones de bolívares y el intento de cancelación de otro por 125 millones, desaparecidos de las cuentas del regimiento 62, el órgano administrador de los fondos para la construcción del complejo azucarero.
Más tarde, en 2006, la Comisión de Contraloría del Parlamento –presidida entonces por el diputado Pedro Carreño– recibió denuncias sobre el manejo del complejo y organizó una inspección a la central, en compañía de los técnicos cubanos Segundo Reyes Castellano y Floro Mariño, quienes encabezaban un grupo de 36 asesores antillanos encargados de supervisar la construcción de acuerdo a los planos de la obra.
Según el informe final, la instancia legislativa encontró a 19 personas implicadas y calculó un daño patrimonial por el orden de los 3,3 millardos de bolívares. Para ese momento, el proyecto agroindustrial ya había alcanzado los 320 millones de dólares.
Aunque en abril de ese año el Ministerio Público presentó formalmente acusaciones contra cuatro individuos por irregularidades en el manejo de los fondos, dos de ellos militares; no fue sino hasta agosto de 2008 que sentenciaron a siete años y siete meses de prisión a los oficiales de la Fuerza Armada Franklin José Castillo y Orlando Herrera Sierralta, y a un año y nueve meses de prisión los contadores públicos Juan Carlos Herrera Sierralta y Roberto Valecillos Jara, acusados de peculado doloso.
También el general Delfín Gómez Parra fue sentenciado a casi ocho años de prisión por este caso, pero los medios de comunicación lo calificaron como un “preso político» después de ser juzgado por exponer a funcionarios militares y civiles cubanos sospechosos de corrupción.
La directiva social de la central azucarera atravesó, como mínimo, cuatro gestiones: Antonio Albarrán (2006), Inti Ernesto Mc Cormick (2007), Daniel Perticarari (2010) y Camilo Di Cola (2012); hasta ser intervenida para convertirse en una filial de la Corporación Venezolana de Alimentos-Azúcar (CVA Azúcar), encabezada por el general Wilfredo Maya Silva. Su inauguración se pospuso, al menos, en tres oportunidades.
Dos de estos anuncios se hicieron durante el programa Aló Presidente. En la edición número 347 Chávez realizó la primera prueba en el complejo, aseguró que el 90% del Caaez estaba operativo y que, para el primer trimestre de 2010, estaría produciendo diariamente 371 toneladas de melaza y 600 de azúcar refinada después de moler 7.000 toneladas de caña al día, cuota que jamás alcanzó.
Adán Chávez entra en escena
El gobernador de Barinas, Adán Chávez, siempre estuvo involucrado en el proyecto, de la mano del ex ministro de Agricultura y Tierras, Albarrán, quien fue su primer secretario de gobierno en 2008, pese a tener una amonestación moral –declaración de responsabilidad política– de la Comisión de Contraloría por el caso de Caaez (expediente Nº 15.61).
La participación del hermano del presidente Chávez se hizo aún más evidente a nueve días del decreto de emergencia eléctrica (la noche del 8 de febrero de 2010), cuando el entonces vicepresidente Elías Jaua inspeccionó la planta junto a su mano derecha Albarrán, pues el Gobierno se había propuesto crear una red de generación de energía alternativa antes del 15 de mayo de ese año. En julio volvieron a inyectarle recursos al proyecto para que arrancara: 28,7 millones de dólares a través del Bandes y el Fondo Chino.
Pese a las presiones y a la emergencia eléctrica, la planta inició operaciones finalmente en el 2011, 10 años después de su concepción (Decreto Presidencial N° 1.602), produciendo 200 toneladas de azúcar al día, tres veces menos que su capacidad proyectada. En mayo 2013, el ministro de Agricultura y Tierras, Yván Gil, reconoció que el Caaez seguía presentando problemas y que un equipo multidisciplinario evaluaría las fallas.
Al día de hoy, la promesa del complejo azucarero más importante de la región sur nunca se materializó. El Caaez está prácticamente en cierre técnico.
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