La ONG Control Ciudadano registró al menos 73 personas “abatidas” por cuerpos policiales y distintos componentes militares en diversas operaciones en 13 estados del país durante el mes de noviembre de 2021.

La Guardia Nacional y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) están involucrados en 40% de los casos, mientras que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y policías regionales en el 33%. El Cicpc está vinculado 27% de los “abatidos” durante noviembre, siendo menor la participación de otros órganos del Estado como el Sebin.

Para Control Ciudadano, estas muertes “pueden ser calificadas, la mayoría, como ejecuciones extrajudiciales, con la presunción de la violación del derecho a la vida, la integridad personal y el debido proceso. Ninguna mujer aparece en el registro”.

En el mes de noviembre, según la ONG, los estados Sucre, Zulia, Monagas, Miranda y el Distrito Capital lideran las estadísticas de mayor cantidad de personas asesinadas por organismos del Estado.

En el estado Sucre se contabilizaron 23 muertes, 22 de ellas relacionadas a la muerte de presuntos integrantes de la banda “Tren del Llano” durante un operativo efectuado a partir del 7 de noviembre en la población de San Juan de las Galdonas (municipio Arismendi).

“La práctica de ejecutar presuntos delincuentes se ha convertido en una política de Estado (…) La regla de empeñamiento de los cuerpos de seguridad de Estado y de la FAN, en procedimientos de seguridad, parece ser ‘disparen a matar’, lo cual no es solo violatorio de la Constitución, sino que además aumenta los niveles de violencia en la sociedad”, aseguró Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano.

La ONG señala que aún no se tienen cifras exactas de muertos o detenidos pues las autoridades no rindieron declaraciones sobre los resultados de la operación, donde participaron efectivos de la Fuerza Armada Nacional, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección Contra la Delincuencia Organizada y de la Unidad de Operaciones y Tácticas Especiales (UOTE); además de la Brigada de Acciones Especiales (BAE) del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Control Ciudadano recordó que, en el marco de la llamada “unión cívico militar policial”, la administración de Nicolás Maduro ha profundizado la ejecución de operaciones mixtas, “sin determinarse claramente la línea de mando, oficial responsable de la operación, así como las unidades y funcionarios bajo su mando, con lo cual se dificulta la determinación de responsabilidades en caso de violaciones a los derechos humanos”.

La ONG solicitó al Ministerio Público investigar efectivamente estos casos, pues la mayoría tiene características de ejecuciones extrajudiciales, lo que estimula “un ciclo de impunidad que alienta la práctica, en un contexto de violencia cada vez mayor en el país”.