Funcionarios de la PNB pretendían llevar detenido al médico Ángel Silva porque no quiso salir de la emergencia a buscar al supuesto herido que trasladaban | Foto: cortesía
Caracas.- Desde que se inició la cuarentena por la pandemia del COVID-19, el pasado 16 de marzo, El Pitazo ha documentado diversos arrestos y amedrentamientos por parte de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro a trabajadores de la salud que comparten mensajes o estados por WhatsApp sobre lo que ellos consideran negligencia médica o sobre la crisis por el coronavirus.
Los arrestos o amenazas van desde residentes de hospitales hasta médicos e incluso una bioanalista. El más reciente caso es del 7 de junio en el estado Lara y ocurrió porque el residente Ángel Silva, del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, no atendió a un reo por órdenes de efectivos policiales. Por esta razón lo sacaron de emergencias a golpes y esposado amenazando con llevárselo detenido.
René Rivas, presidente del Colegio de Médicos del estado Lara, informó a través de un video que los trabajadores del centro de salud impidieron que apresaran al residente, pero señaló que los funcionarios violaron los derechos humanos de Silva.
Asimismo destacó que los efectivos de la Policía Nacional emplazaron al doctor Silva de manera grosera y prepotente y que además, el reo había llegado sin signos vitales al hospital larense. «Querían que él cargara el cadáver que llevaban en la camioneta», dijo.
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El Pitazo hace un recuento de los trabajadores de la salud amenazados o aprehendidos por funcionarios de seguridad del Estado durante la cuarentena por el coronavirus que se cumple en el país desde el pasado 16 de marzo.
El 15 de abril el ginecólogo Luis Araya, médico adjunto del Hospital Pastor Oropeza Riera de Carora, estado Lara, fue detenido en su consultorio privado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar sin una orden judicial. La razón, publicar una crítica a un representante del gabinete de Nicolás Maduro en un estado de WhatsApp.
También en el mes de abril se registró un hecho parecido, pero esta vez en Los Andes venezolanos. A Andrea Sayago, de 30 años de edad, la detuvo el 4 de abril una comisión de la Brigada de Inteligencia de la policía estadal en su residencia. La razón, compartir una imagen de una orden para realizar pruebas de detección de coronavirus en un estado de WhatsApp.
A la médica se le le otorgó el arresto domiciliario luego de pasar 48 horas detenida en la sede de la Brigada de Inteligencia de la Policía del estado Trujillo y ser acusada, entre otras cosas, por traición a la patria e instigación al odio.
Sayago trabajaba en el laboratorio del Hospital Universitario Dr. Pedro Emilio Carrillo, el centro de salud centinela por la pandemia del COVID-19, y fue señalada directamente por la presidenta de la Fundación Trujillana de la Salud (Fundasalud), Jacquelin Peñaloza, de haber cometido un delito que ameritaba una sanción y un hecho de “miseria humana”.
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Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, anunció en abril una ayuda de 100 dólares por tres meses para aquellos trabajadores hospitalarios que están atendiendo el COVID-19. Para obtener el beneficio debían registrarse en el portal web del programa Héroes de la Salud. Sin embargo, se conocieron denuncias sobre presiones para evitar que los trabajadores aspiraran a la ayuda.
Zenaida Figuera, representante del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Ministerio de Salud, contó que las amenazas ocurrieron en todo el país y que bloquearon las plataformas donde los trabajadores se iban a inscribir y además les negaron la constancia de trabajo. «Les han cerrado todos los canales y se les ha amenazado», agregó.
Andreína de Los Ángeles Urdaneta Martínez, una residente del hospital de Cabimas, en el estado Zulia, fue detenida por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas el 26 de mayo por publicar en su estado de WhatsApp una imagen en contra de Nicolás Maduro.
La médica sigue privada de su libertad, pues el Tribunal Primero de Control de Cabimas la culpó por los delitos de incitación al odio y ofensa al presidente. La decisión del tribunal ocurrió durante una audiencia de presentación realizada este 2 de junio.
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