Mérida.- El pasado miércoles, el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz señaló a través de diferentes medios de comunicación el decomiso de más de una tonelada de azufre que, de acuerdo con el alto funcionario, iba a ser utilizada para la elaboración de morteros y artificios pirotécnicos; además, agregó Reverol que decomisaron clavos, metras, lanzamorteros, pólvora, cohetones, vidrio y herramientas para fabricar armas y calificó la acción como “otro golpe a las bandas terroristas que pretenden robar la paz de la nación”.
Ante estas afirmaciones, habitantes del sector El Boticario, lugar donde se desarrollaron los allanamientos que dejaron a seis personas detenidas, protestaron a las afueras del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc-Mérida) para rechazar las declaraciones del ministro y exigir la inmediata liberación de los detenidos.
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“Esta es una comunidad que por más de 80 años ha elaborado fuegos artificiales; lo que decomisaron es la mercancía de estas familias, quienes tienen sus empresas legalmente constituidas”, dijo Yudith Vázquez, vecina del sector y familiar de uno de los detenidos.
Aseguró Vázquez que durante la acción llevada a cabo, en las distintas viviendas del sector “no había ni metras, ni clavos, ni nada para elaborar armas, sólo había el esfuerzo que diariamente hacen estas personas para darles de comer a sus familias (…) Es una injusticia y una falta de respeto que se nos tilde de terroristas cuando El Boticario es conocido, incluso a nivel nacional, como una zona donde se elaboran fuegos artificiales que se utilizan en celebraciones tradicionales de todo el país”, dijo.
“Manifestar es un derecho; la gente está manifestando porque no quiere este gobierno, pero en ningún momento el trabajo que en la comunidad se realiza con la pólvora se produce para generar hechos violentos, o terroristas, como llaman ahora a quienes protestan” señaló María Dugarte, madre de una de las detenidas.
Dugarte destacó que El Boticario, en el municipio Campo Elías de Mérida, es una comunidad muy pequeña, donde todo el mundo sabe a qué se dedica cada quien. Mostró su angustia, pues su hija es hipertensa y desde el momento en que fue detenida junto a su esposo no sabe nada de ella. “Mi hija requiere tratamiento diario de por vida, y aunque el medicamento no se consigue, en la casa ella se cuida en cuanto a la alimentación y con remedios caseros”.
María Dugarte lamentó que se esté presentando esta situación, pues señala que los mismos funcionarios del Cicpc y de la Guardia Nacional “conocen a quienes hoy tienen detenidos y señalados de terroristas; ellos cada que necesitan pólvora para paraduras u otro evento, llegan a pedir y nunca se les ha negado. Lo que encontraron fue cebollitas, tortas, luces de bengala y otros fuegos artificiales que forman parte del negocio que toda la vida ha existido en nuestra comunidad”.
Por su parte, Virginia Molina, abogada defensora de los detenidos, confía en que serán dejados en libertad, “pues sería una gran injusticia que fueran presentados ante un tribunal, y más aún que sean imputados partiendo de los señalamientos que ha hecho el ministro Néstor Reverol, acusándolos de terroristas, cuando realmente se trata de gente honorable que toda la vida se ha dedicado a esta actividad comercial y que tienen sus empresas legalmente constituidas”.
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