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sábado, 4 mayo, 2024
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AUDIO | El hambre acaba con la vida de los presos en los Valles del Tuy

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Los calabozos de las policías municipales están diseñados para albergar a un máximo de 20 presos, sin embargo, la población penal supera esta cifra | Foto: Archivo

Valles del Tuy.- Por hambre y falta de asistencia médica mueren los presos en los calabozos de las policías municipales de los Valles del Tuy, quienes están a la espera de juicio o de un cupo en las cárceles del país.

La situación se agrava con el paso de los días y se suma al hacinamiento que existe en estos lugares diseñados para recluir a los detenidos de manera temporal.
El caso más reciente ocurrió el martes 7 de febrero cuando murió Joel Perfecto Pérez Cáceres (41), por deshidratación y shock séptico. El hombre estaba recluido en las celdas de la Policía Municipal de Cristóbal Rojas (Charallave), en calidad de resguardo.

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Otros hechos similares antecedieron al de Pérez. El 11 de agosto de 2016, falleció Tulio José Soto Gómez. El hombre, de 49 años de edad, estaba preso en los calabozos de la Policía Municipal de Paz Castillo y, de acuerdo al diagnóstico médico, presentó caquexia (desnutrición, deterioro orgánico y gran debilitamiento físico).
Sus familiares comunicaron en aquel entonces que Pérez tenía un absceso en el recto y luego le apareció un tumor en uno de sus testículos, que le impedía caminar. El tratamiento médico que requería lo recibió a medias y murió.
El 25 de octubre de 2016 falleció Feliciano Mendoza (41) en los calabozos de la Policía Municipal de Independencia, tras presentar un cuadro febril, mientras que el 11 de noviembre, una desnutrición severa acabó con la vida de Alfredo Alejandro Natera (28).

En los calabozos de la Policía del estado Miranda se presenta la misma situación de hacinamiento que en los cuerpos de seguridad local | Foto: Archivo

El 18 de diciembre, en el interior de la misma sala de custodia, falleció Orlando Antonio González Delgado, luego de permanecer más de quince días sin ingerir alimentos.
Una semana más tarde, el 27 de diciembre, Yumaiker Josnaider Fernández (24), quien estaba preso en la Policía Municipal de Cristóbal Rojas, murió tras presentar un cuadro severo de desnutrición.
En esa oportunidad, Jesús Guerrero, director de Policharallave, informó que el reo solo recibía un plato de comida por parte de la institución, luego de que sus parientes lo abandonaran.

La bonita libertad…

La situación que se vive dentro de los calabozos de los cuerpos de seguridad local y regional es grave. Así lo calificó Carmen Soteldo, madre de un joven de 25 años de edad, a quien le concedieron la libertad el miércoles 8 de febrero de 2017. El muchacho estuvo preso un año en Polindependencia, luego de participar en un robo a mano armada.
Transcurrieron doce meses durante los cuales la mujer viajó desde su residencia en Charallave hasta Santa Teresa para llevarle comida. “Fueron días muy duros. No solo era la dificultad para comprar los alimentos, que además de escasos están costosos, sino pagar transporte y sufrir el desgate físico y mental que te deja viajar todos los días”, señaló la mujer.
Durante todo ese tiempo, Soteldo no durmió bien. Según nos contó, solo pensaba en lo mal que la pasaba su hijo. Está consciente de que el muchacho cometió un delito y aunque no puede garantizar que se haya regenerado, confiesa estar feliz de tenerlo en casa.
“Los presos sufren mucho en esos calabozos. No tienen espacio para dormir. El lugar huele mal y están amorochados. La mayoría pasa hambre. Un compañero de mi hijo rebajó como cuatro kilos en tres meses. Solo come galletas de soda y de vez en cuando una sopita que le lleva una hermana”, describió Soteldo, a propósito de lo contado por su descendiente.
El viernes 3 de febrero de este año, Soteldo vivió horas de angustia cuando se corrió el rumor de que un preso había muerto asfixiado por otros compañeros. “Lo primero que pensé fue en mi muchacho”, recordó.
Una hora más tarde se enteró de que el incidente había ocurrido en el interior de los calabozos de la Policía Municipal de Lander, luego de que acusaran a la víctima de estar involucrado en un delito de violación.
“En estas celdas pasa de todo. Yo solo le pido a Dios que mi muchacho se enderece y nunca regrese a ese lugar”.

“La vida se va apagando”

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El director de la Policía del estado Miranda, comisario general Elisio Guzmán, reconoció que los presos se están muriendo.
“No solo el hacinamiento causado por el retardo procesal invadió las salas de guarda y custodia de la Policía del estado Miranda, sino que también la institución tiene que enfrentar que a los detenidos se les deteriore la salud por la escasez de alimentos”, aseveró.
Al respecto, comentó que el viernes 3 de febrero los funcionarios adscritos al Centro de Coordinación Policial N° 5 trasladaron al hospital Dr. Luis Razetti de Santa Lucía a un aprehendido de 38 años de edad por una grave desnutrición.
Asimismo refirió que la Policía del estado Miranda no cuenta con un presupuesto destinado para la compra de alimentos de los presos, algunos olvidados por sus familiares y otros cuyos seres queridos no tienen cómo alimentarlos.
“Todo esto ocurre bajo la mirada indiferente, no solo de la sociedad, sino del Gobierno nacional que ha suprimido el carácter preventivo de los cuerpos policiales para convertirlos en pequeños refugios donde la vida se va apagando por la falta de comida”, sentenció Guzmán.
“En Estados Unidos se usa la silla eléctrica y la inyección letal como pena de muerte, en China el fusilamiento y acá en Venezuela la sentencia de esas personas que cometieron errores en su vida es la inanición y la falta de atención por parte de los organismos responsables de su rehabilitación”, aseveró.

Sobrepoblación penal

Los calabozos de las policías municipales de los Valles del Tuy están diseñados para albergar a un máximo de 20 presos; sin embargo, la población penal supera esta cifra.
En el cuerpo de seguridad de Ocumare del Tuy (Tomás Lander) el calabozo está dividido en dos, en un área de 2×4 metros cada uno, donde pernoctan 68 presos. Algunos de ellos ya están condenados y desde hace un año esperan ser trasladados a un centro penitenciario. Otros, aún no han ido a juicio.
La misma situación se repite en las cinco policías municipales restantes. En Paz Castillo, el número de reclusos está por el orden de los 120 y en Independencia, donde acondicionaron dos áreas, de 4×4 metros, hay más de 150 presos.
Un vocero policial, que prefirió mantener su nombre en reserva, reconoció las precarias condiciones en las que viven los presos en los cuerpos de seguridad locales y señaló que ante esta situación, en las próximas semanas realizarán operativos médicos y de revisión de causas para descongestionar a los calabozos y brindar asistencia a los internos.

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