La llegada de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) al estado Apure, para cooperar en el conflicto que ocurre entre grupos armados colombianos y la Fuerza Armada Venezolana, fue catalogada como un acto de desconfianza a militares de parte de funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, según se expuso en el foro Guerrilla colombiana: un problema de Venezuela, organizado por Runrun.es el viernes 26 de marzo.
Los participantes en esta reunión fueron Kyle Johnson, cofundador e investigador de la Fundación Conflict Responses; Claudia Cascarrilla, exdirectora de Crimen Organizado de la Fiscalía General de Colombia y consultora en Crimen Organizado y Seguridad Ciudadana, y Jeremy Mcdermott, cofundador y codirector de la organización Insight Crime.
“Se trata de una unidad policial que ha hecho las acciones más represivas durante el Gobierno de Maduro según la Organización de Naciones Unidas, existe una historia de abusos a los DDHH y ejecuciones extrajudiciales, este grupo ha llegado a la frontera porque Nicolás Maduro quiere saber, mediante sus propios representantes, quiénes están detrás de estos ataques”, fue el análisis realizado por Mcdermott.
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Voceros de la organización Fundaredes anunciaron el jueves que esta semana ocurrieron cinco enfrentamientos armados entre la guerrilla colombiana y militares venezolanos. Aseguraron que no han tenido acceso al número de heridos y fallecidos dejados por esta refriega.
“El gobierno de Maduro no confía en los militares que están en Apure, existe otra opción que nos indica que las Faes fueron enviadas porque a juicio de funcionarios del régimen, militares no tienen la capacidad de enfrentar a disidentes colombianos ya que están corrompidos y su capacidad militar fue desgastada. No importan las opciones, el mensaje es el mismo: Maduro no confía en sus militares en la frontera”, destacó el representante de Insigth Crime durante su ponencia.
¿Quiénes serían los generadores del conflicto?
Los nuevos grupos y los que hace décadas hicieron de Apure su fortaleza provienen de Colombia, se trata de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y varios grupos disidentes de este último.
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Luego del acuerdo de paz establecido entre las Farc y el gobierno colombiano se fragmentó esta organización, originándose otros grupos entre los que destacan el Frente Décimo y la Segunda Marquetalia, que a juicio de Mcdermott, son “criminales sin ideología” que buscan construir su base de financiación, que podrían ser los responsables de los ataques según sus interpretaciones.
“Quienes están detrás del ataque a militares buscan consolidar poder y territorio en temas de narcotráfico y contrabando de coltán, que son los ingresos con los que todo este tipo de organizaciones pretenden financiarse. En el caso de Apure, existen pistas clandestinas que son custodiadas por estos grupos y a la vez, militares venezolanos, es decir, que quienes iniciaron el conflicto aún no han podido posicionarse en la zona”, explicó Claudia Cascarrilla, quien estuvo al frente de varias investigaciones de este tipo durante su gestión en la Fiscalía General de Colombia.
A lo que Kyle Johnson, cofundador de la Fundación Responses, acotó que los disidentes “andan por su cuenta”. Destacó que el ELN, que no se apegó al acuerdo de paz, “se cree el dueño de Apure, quien está allí es porque el ELN lo permite según su creencia pero esto es más complejo que las diferencias que puedan tener esos grupos armados, ya que la intervención de militares venezolanos implica a altos funcionarios del régimen venezolano”.
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Los tres ponentes coincidieron en que durante los últimos 15 años las Farc, ELN y militares venezolanos realizaron un “acuerdo mafioso” para beneficiarse de los actos criminales que se realizan en Apure. “Puede haber una disidencia dentro de las disidencias por querer tener el control o mayores ingresos, esto podría generar una ruptura entre ese acuerdo mafioso, por lo que alguien del gobierno venezolano está pidiendo que la guardia ataque y los confronte”, precisó Cascarrilla.
Durante esta semana se registró el desplazamiento de más de 2.000 venezolanos hacia Colombia debido a los hechos violentos, así como la agudización del reclutamiento de nacionales que huyen de la crisis en el país por parte de los diferentes grupos irregulares, tal y como lo informó Johnson.
