Caracas.- Desde hace un año, el riesgo de complicaciones por rechazo de órgano en Venezuela se ha disparado. Nada más en el mes de julio, cuatro personas han fallecido por causas relacionadas con la escasez de medicamentos. Entre esos el tacrolimus, compuesto que solo se consigue de forma ilegal por redes sociales, pues en junio de 2019 el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), organismo que maneja el monopolio de su importación y distribución, suspendió su adquisición.
La escasez del producto, que inició a mediados de 2014, ha contribuido a la proliferación de un mercado negro, ilegal. Sin controles de ningún tipo y de forma pública, el producto se ofrece a un precio de hasta 70 dólares, 3.000% por encima del salario mínimo. El cálculo se hizo con base en la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, actualizada este lunes, 20 de julio. Una cifra imposible de pagar para los afectados, aspecto por el que está incluido en la lista de medicinas provistas por el Ministerio de Salud.
Esta situación representa una irregularidad, pues la presentación de 50 cápsulas se vende con el emblema del IVSS. Es decir, se trata del medicamento traído por el Estado para su distribución gratuita, que es desviado para su comercialización ilegal. El tracolimus es uno de los siete inmunosupresores que componen el esquema de tratamiento subsidiado por el gobierno. Su administración, indicada de por vida, le garantiza conservar el órgano a cerca de 40% de los más de 2.000 trasplantados que sobreviven en el país, de acuerdo con la ONG Amigos Trasplantados de Venezuela (ATV).
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El negocio de la muerte
De no recibir el tratamiento, o interrumpirlo de forma indefinida sin un sustituto similar, los pacientes presentan un peligroso deterioro de su salud. Estas alteraciones pueden causar desde fallas del órgano trasplantado y trastornos en el funcionamiento de otras partes del organismo. En el caso de los pacientes renales, la falta del fármaco está relacionada con una nueva falla en los riñones. Ante esto, el paciente tendría que volver a practicarse diálisis para mantenerse con vida, alertó Reymer Villamizar, director de ATV.
Julia Cedeño, paciente con 15 años de trasplantada, aseguró que en noviembre de 2019 recibió la última dosis de tratamiento en la farmacia de alto costo en Los Cortijos, Caracas. En esa ocasión le entregaron pastillas suficientes para cubrir dos meses. Desde hace siete interrumpió la ingesta regular del compuesto. Debido al temor de quedarse sin medicina, apenas ingirió pequeñas dosis, 75% menos de la cantidad prescrita por su médico. En marzo se le agotaron todas las reservas.
“Tengo cuatro meses sin tomar el medicamento y nueve que no se consigue en el IVSS. No puedo pagar el precio del mercado negro, porque o compro comida o compro tratamiento. Ambas cosas son vitales, pero la comida es también para mi familia. Con unos amigos conseguí otras pastillas parecidas. Eso también es un riesgo, porque este tratamiento es muy delicado. No sé cuánto más pueda resistir así, ya tengo cansancio y los problemas de tensión que tenía antes del trasplante”, contó.
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Desaparecidos
Francisco Valencia, director de la ONG Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Vida (Codevida), precisó que actualmente son tres las variedades de inmunosupresores que escasean en el IVSS. Los tres fármacos son los de mayor demanda en la población venezolana. Según el registro de Codevida el Tacrolimus tiene un año agotado; el Everolimus no se consigue desde hace 5 meses y la Ciclosporina 25 y 50 miligramos no se entrega desde el inicio de la cuarentena en Caracas.
Para el activista es urgente la reanudación del suministro, pues con las restricciones de la cuarentena para la mayoría de los pacientes es difícil buscar el tratamiento por otras vías. Responsabilizó al IVSS por la desviación de los pocos medicamentos disponibles. Asimismo, enumeró a las cuatro personas fallecidas por deficiencia de Tracolimus. No obstante, aclaró que el fallecido en el estado Zulia había sido diagnosticado con COVID-19, enfermedad que ocasiona trastornos en la función renal que no pudo resistir por su delicada condición previa.
César Chacón, fallecido en el estado Sucre el 5 de julio; Yulimar Escalona, quien murió el 11 de julio en el estado Barinas, y Lérida Naranjo, residente del estado Sucre, fallecida el 12 de julio, son tres de los cientos de pacientes sin acceso a su tratamiento desde hace un año. Alfredo Quintero, del estado Zulia, murió de COVID-19 el 19 de julio. Aunque meses antes empezó a sentir en su cuerpo deficiencias asociadas a la escasez de tratamiento.
