Las organizaciones que velan por el acceso al derecho a la salud emplazaron a las autoridades a implementar un plan diferenciado de atención a la población vulnerable | Foto: Cortesía Codevida (archivo)
Caracas.- En promedio, cada tres días un paciente renal debe someterse a diálisis. La terapia es el único método de depuración del organismo que puede mantenerlos con vida. Desde el domingo 15 de marzo, las restricciones para contener la propagación de la nueva enfermedad por coronavirus en Venezuela impiden que las personas con esta deficiencia crónica puedan acceder a su tratamiento denunciaron las ONG Amigos Trasplantados de Venezuela (AVT) y Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida).
Ambas organizaciones urgieron a declarar una emergencia nacional que permita flexibilizar las prohibiciones para los pacientes renales y facilitar sus traslados a los centros de diálisis. Reymer Villamizar, director de ATV, alertó que las limitaciones de movilidad se acentuaron con los problemas en la distribución de combustible en Lara, Zulia y Cojedes, aunque la falla ha sido reportada en otros 10 estados. Estas tres entidades concentran buena parte de las casi 10.000 personas que requieren terapia de sustitución renal en Venezuela, según Codevida.
Los activistas reiteraron los daños irreversibles que ocasiona en las personas con falla renal la falta de acceso oportuno al tratamiento. Advirtieron que se compromete el funcionamiento de otros órganos y, de perdurar, puede ser hasta causante de muerte. Recordaron que desde hace casi tres años en Venezuela se suspendió el Programa Nacional de Trasplante. Desde entonces, la diálisis es el único método terapéutico disponible para aliviar la situación de esta población vulnerable.
“Es necesario recordar que el no cumplimiento del tratamiento sustitutivo renal (diálisis) ocasiona daños irreparables a la salud de las personas que así lo requieren, que incluyen complicaciones graves para su vida, incluyendo la muerte. Este universo poblacional es cercano a las 10.000 personas, además se encuentran en riesgo los 2.600 trasplantados de órganos al dificultarse el retiro de sus medicamentos inmunosupresores”, fijaron en un comunicado conjunto.
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Francisco Valencia, director de Codevida, enfatizó que muchas de las dificultades en el acceso a tratamiento evidencian, una vez más, el avance de la emergencia humanitaria compleja continuada que afecta al país desde 2016. Expuso que en los países donde se impusieron medidas de contención similar no se han presentado fallas en el acceso a los servicios. Pidió que todos los niveles de gobierno se articulen para ayudar a los dializados y trasplantados.
“Resulta inadmisible que a una persona se le niegue el derecho a la salud, en nombre de la salud. Esa es la paradoja que enfrentan hoy trasplantados y dializados en Venezuela. Si el sistema de salud estuviera a una capacidad aceptable esto no sería un problema. Nos han reportado la profundización de las fallas en el acceso al agua”, repasó.
Las ONG hicieron votos porque se implemente un plan de atención focalizado para todos los pacientes crónicos. Propusieron que esta atención se mantenga al menos por los días que dure el aislamiento por COVID-19. Resaltaron que la atención preferencial en salud es un derecho que para miles de venezolanos puede hacer la diferencia entre la vida o muerte.
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