Activistas alertaron que el colapso del sistema de salud afectó la respuesta a la pandemia | Foto: cortesía @CIDH
Caracas.– Con un colapso sanitario como antecedente, la pandemia del nuevo coronavirus llegó a Venezuela para evidenciar una vez más el deterioro del sistema de salud. Este miércoles, 7 de octubre varias ONG expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el trabajo de documentación que constata cómo las deficiencias administrativas del Gobierno impidieron redujeron la capacidad de respuesta frente a la crisis sanitaria global.
Para Mercedes de Freitas, directora del Transparencia Venezuela, la impunidad ha consolidado métodos de desvío de fondos que comprometen hasta la prestación de los servicios más básicos en hospitales. La electricidad y el suministro de agua fallan por igual. Para la activista, pese al trabajo arduo de compilación de documentos la cifra de lo malversado es incalculable.
“Los involucrados en los casos de corrupción están en total impunidad, a pesar de las reiteradas denuncias de ONG y medios de comunicación. El daño ocasionado es incalculable. Se observa en la infraestructura de los hospitales, la escasez de medicamentos que en algunos estados llega al 80%, los cortes prolongados de energía, la falta de agua potable, entre otros”, detalló.
Katherine Martínez, directora de la asociación civil Prepara Familia, resaltó que los derechos son negados incluso a los más vulnerables. Resaltó las deficiencias sistemáticas en el acceso al agua en centros de salud. Añadió que en los seis meses que tiene activa la epidemia en Venezuela, la situación no ha mejorado.
“En los hospitales el servicio de agua es totalmente irregular, lo que impide que el debido lavado de manos para evitar el COVID-19, e incluso para la higiene menstrual de las mujeres y jóvenes. Los niños hospitalizados en los hospitales públicos del país, a pesar del contexto de pandemia, siguen sin recibir la debida alimentación. Los niños con desnutrición no reciben los suplementos que necesitan”, señaló.
Martínez, con más de 10 años dedicada al acompañamiento de pacientes y familiares del Hospital de Niños José Manuel de los Ríos, reiteró el deterioro que compromete la atención en ese establecimiento. En ese sentido, aprovechó para recordar la suspensión del programa nacional de trasplantes. Pues, el plan gubernamental tiene dos años sin atender pacientes. También se refirió a los alarmantes indicadores de desnutrición detectados en la infancia venezolana.
LEE TAMBIÉN
En septiembre se registró 41% de las muertes de médicos por COVID-19 en Venezuela
“De acuerdo a la última investigación de Cáritas, desde el inicio de la pandemia en el país el número de niños con cuadros de desnutrición aumentó en 77%. La unidad de hemodiálisis del J.M de los Ríos es la única en el país que atiende a niños menores de 10 años. El programa de trasplante a nivel nacional se encuentra suspendido, 10% de quienes necesitan trasplante son niños”, puntualizó.
El doctor Jaime Lorenzo, director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, expuso las cifras que confirman el desmontaje de la red pública de salud. En el registro de la asociación que dirige desde 2017, se contabiliza que 18 millones de venezolanos tienen dificultades para adquirir medicinas. Además, denunció que solo 33% de los hospitales en el país tiene todos sus servicios en funcionamiento.
“La situación de la salud en Venezuela se puede resumir en una sola palabra: colapso. La población en Venezuela con dificultad para acceder a medicamentos asciende a más de 18 millones. De los 300 hospitales públicos en el país solo 33% tiene todas sus áreas operativas. Actualmente solo 33% de los médicos que trabajan en centros de salud públicos se encuentran activos”, precisó.
LEE TAMBIÉN
Convocatoria para participar en ensayos de la vacuna rusa se hará mediante Internet
Esmeralda Arosemena, relatora para los Derechos de la Niñez para Venezuela de la CIDH, hizo alusión a su frustrada visita de constatación al país en 2019. El procedimiento, que se cumplió desde la frontera con Colombia, sirvió de acercamiento. La funcionaria rechazó el arraigo de la corrupción y sus consecuencias para la población.
“En nuestra visita a la frontera escuchamos muchos testimonios de venezolanos y venezolanas que buscan respuestas para poder salvar sus vidas. Cuando oímos la magnitud de los efectos de la corrupción en la vida de los venezolanos es avasalladora. Es inconcebible que en pleno siglo XXI y en medio de una pandemia, el mal de la corrupción afecte la vida de tanta gente”, lamentó.
Esta web usa cookies.