El fundador de la fundación Acción Solidaria, Feliciano Reyna, publicó este jueves, 15 de julio, una serie de recomendaciones y peticiones al gobierno de Nicolás Maduro sobre el abordaje de la pandemia de COVID-19 en Venezuela y el tratamiento dado a los venezolanos que han regresado masivamente en los últimos meses.
A través de cuenta de Twitter, @fjreyna, aseveró que el gobierno tiene el deber de dar una respuesta adecuada al país sobre el manejo de la pandemia, por lo que no debería eludir sus responsabilidades culpando a grupos vulnerables y acusarlos de ser los causantes del repunte de casos registrado en las últimas semanas.
«La estigmatización ha sido gran obstáculo en el pasado para responder a crisis de esta naturaleza. En lugar de buscar apoyo y ser parte de la prevención, las personas estigmatizadas prefieren esconderse por temor, a pesar de los riesgos para su salud y la de otras personas», escribió.
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Cuestionó que a los ciudadanos repatriados se les tilde de «armas biológicas» o «bioterroristas», al igual que aquellos que aún sin haber migrado, se ven en la necesidad de salir a la calle a trabajar para dar sustento a sus familias. Reyna aprovechó de compartir una imagen con el artículo 21 de la Constitución, donde reza: «La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan».
El defensor de Derechos Humanos indicó que el confinamiento absoluto es viable para más del 90% de la población que vive su trabajo diario, por lo cual recomendó al Estado centrar sus políticas en la promoción de las medidas de prevención conocida como «3M»: Mascarillas bien usadas siempre, Manos limpias y lavadas varias veces al día y Mantener mínimo metro y medio de distancia.
Igualmente, instó al Ministerio de Salud a dotar adecuadamente a todo el personal médico de los equipos de protección personal (EPP) necesarios para poder ejercer su labor sin exponerse, así como a cesar la persecución y criminalización de aquellos trabajadores que constantemente denuncian la falta de implementos y las pésimas condiciones de los hospitales.
«Es obligación del estado brindar protección de hechos de violencia al personal de salud. En la medida en que aumenten los casos y haya más presión por atención y respuestas urgentes, estos hechos podrían hacerse aún más frecuentes de lo que ya se ha documentado», apuntó.
