En agosto el Ivss prometió coordinar la entrega con las ONG | Foto: Jesús Barreto
Caracas.- Burocracia y desidia ha sido la respuesta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) para cerca de 2.600 trasplantados. Luego de cuatro meses de espera para formalizar la dotación de una versión del inmunosupresor Tacrolimus, importado de la India, esta semana el organismo informó a representantes de trasplantados que no entregarán el tratamiento debido a que el cargamento incumple las normas sanitarias del país.
Reymer Villamizar, director y fundador de la asociación civil Amigos Trasplantados de Venezuela, tachó de burla la actuación de las autoridades de salud que, argumentó, pone en riesgo de perder los órganos a los venezolanos que han recibido trasplantes.
«Hacemos responsable al Ministerio de Salud y al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales por todas las complicaciones que puedan surgir en más de 2.600 trasplantados por la falta de medicamentos. Desde agosto esperamos porque se cumpliera este trámite, para que ahora nos digan que no nos lo pueden a entregar y no ofrezcan otra opción pronto», expresó.
Esta nueva promesa incumplida fue hecha después de una protesta que efectuaron por pacientes crónicos el pasado 23 de agosto, tras la cual Magally Viña, directora de Salud del Ivss, se comprometió a iniciar una distribución, coordinada con las ONG, de las medicinas disponibles en los almacenes del organismo oficial.
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En esa ocasión, Viña reveló que una parte del lote de medicamentos fue importado mediante el convenio que el Gobierno venezolano suscribió en septiembre del año 2017 con la India. En el acuerdo también incluyó inversiones en materia energética, además de la adquisición de insumos médicos y transferencia de tecnología.
“Todas las medicinas y componentes que se requieran en Venezuela serán suministrados por la India. Aquí no nos van a hacer arrodillar por ningún bloqueo ni nos van a asfixiar”, anunció al momento de la firma del contrato el entonces vicepresidente Tareck El Aissami.
En una reunión entre voceros de varias ONG y funcionarios del Ivss, Viña expuso que el cargamento solo debía pasar los estudios del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, para empezar la distribución en las farmacias de alto costo. La verificación se prolongó por cuatro meses en los que el Ivss sólo entregó dos de las siete variantes de inmunosupresores indicados para que los pacientes no pierdan el trasplante.
Desde el año 2014 varias ONG y agrupaciones de trasplantados denunciaron el progresivo y prolongado desabastecimiento de los fármacos prescritos para la preservación de los órganos. Por el alto costo del tratamiento, su importación es competencia exclusiva del Ministerio de Salud, que mediante el Ivss, ordena, supervisa, coordina y ejecuta la distribución.
Villamizar condenó que, por causa de la desidia y burocracia, con la que a su juicio se dirige la política de salud, personas con trasplantes de más de 15 años estén en riesgo de volver a las diálisis por un rechazo del riñón.
«Dependemos de esta medicina para mantenernos con vida, porque una vez que vuelves a una máquina de diálisis ya no tienes vida y las complicaciones son mayores, más en las condiciones en las que se encuentran las insuficientes unidades de diálisis en el país«, sostuvo.
Las complicaciones a las que se expone un trasplantado por la interrupción o la aplicación irregular de su tratamiento van desde trastornos cardiovasculares, que se evidencian en hipertensión y arritmias; alteraciones digestivas; o anemia, hasta problemas neurológicos y lesiones óseas.
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