El gremio de la salud en Venezuela ha alzado su voz de protesta en actividades pacíficas que han sido violentadas por organismos gubernamentales | Foto: Jhon Pedraza Rodríguez.
Caracas.- Acosados y amedrentados. Así se sienten médicos, enfermeras, dirigentes sindicales y estudiantes del área de la salud cada vez que denuncian y protestan para exigir dotación de insumos, adecuación de la infraestructura hospitalaria y mejores condiciones laborales.
«Hemos entregado nuestra vida al país aun en medio de la pandemia del COVID-19, sin embargo, nos atropellan, persiguen y amedrentan», expresó el secretario ejecutivo de Fetrasalud, Pablo Zambrano, el pasado 29 de septiembre, durante una protesta frente al Hospital de niños JM de los Ríos.
La actividad, en la que participaron profesionales y trabajadores del gremio salud de diferentes hospitales de Caracas, fue convocada para rechazar «el constante atropello, persecución y amedrentamiento» al que son sometidos los trabajadores sanitarios cuando denuncian la situación del sistema de salud público.
Aunque las peticiones del gremio van estrechamente vinculadas a uno de los derechos humanos y universales más preciados, como es el del derecho a la salud, en muchas oportunidades sus protagonistas han recibido como respuesta el maltrato físico y verbal por parte de integrantes de los llamados colectivos y funcionarios de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro.
El incidente más reciente ocurrió con Pablo Zambrano, quien luego de denunciar las condiciones en las que se encuentran los pacientes del JM de los Ríos fue citado a declarar al Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (Cicpc). En opinión del dirigente sindical, las agresiones al sector salud se han intensificado con la llegada del COVID-19.
A propósito de este llamado de alerta realizado por el sector salud, El Pitazo realizó un repaso por algunos de los momentos más álgidos sucedidos entre 2020 y 2021 cuando fueron objeto de atropellos y amedrentamientos:
• Rubén Duarte, enfermero del área de emergencias del Hospital Central de San Cristóbal, en el estado Táchira, estuvo detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en marzo de 2020 luego de declarar a varios medios de comunicación que él y sus compañeros necesitaban insumos médicos para trabajar.
• El 15 de julio de 2020, Karina Suárez, doctora del Hospital Universitario de los Andes (Hula), acudió a la Fiscalía de Mérida para denunciar que el personal de salud que se encontraba trabajando en el área de aislamiento por COVID-19 estaba siendo amenazado por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes). Les advirtieron que serían puestos a la orden del Ministerio Público si llegaban a renunciar a sus cargos en el centro asistencial andino, donde no contaban con material de bioseguridad para atender a pacientes contagiados con coronavirus.
• El 6 de abril de 2021 estudiantes de medicina, bioanálisis y odontología de la Universidad Central de Venezuela (UCV) que protestaron por la muerte de más de 430 profesionales de la salud por COVID-19 en todo el país (hasta ese momento), fueron amedrentados, cerca de las 11 de la mañana, por presuntos colectivos afectos al gobierno a las puertas del Hospital Universitario de Caracas. Les rompieron a patadas varias bolsas negras rellenas de papel que -de manera simbólica- simulaban a los fallecidos por coronavirus, así como algunos carteles de protesta.
• La enfermera Ada Macuare fue detenida el 21 de julio de 2021 en el ambulatorio Alí Romero de Barcelona, estado Anzoátegui. En ese momento exigía insumos médicos y un plan de vacunación contra el COVID-19. El 27 de julio un tribunal dictó medida privativa de libertad contra la enfermera quien fue acusada del delito de instigación al odio.
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