En Macuto los vecinos llenan envases en un pozo comunitario construido con aportes de empresarios de la zona y residentes | Nadeska Noriega
Solo 136 municipios de los 335 que integran el país reciben agua por tubería al menos una vez por semana, aunque sean pocas horas. 71 pasan más de un mes sin el servicio y por lo menos 18 municipios de toda Venezuela cuentan con sectores cuyos hogares han pasado un año o más sin recibir una gota. Con este panorama, que tiene larga data, la lucha para evitar el contagio del nuevo coronavirus se hace sumamente difícil en el territorio nacional.
De todas las entidades municipales del país, solo en 17 los habitantes reportan que cuentan con suministro normal de agua, que apenas se ve quebrantado en algunos casos por las fallas eléctricas que derivan en cortes abruptos. Solamente en esas entidades pueden cumplir con una de las principales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para combatir el COVID-19: lavarse las manos constantemente con agua y jabón.
En el conteo, los 93 municipios restantes tienen agua cada 15 días o la reciben solo una vez al mes cuando variables como la electricidad, el nivel de los acueductos o pozos y el desvío del suministro no influyen en los cronogramas —paralelos a los informados por las hidrológicas estadales— que se han establecido en muchas comunidades.
EN EL CONTEO, LOS 93 MUNICIPIOS RESTANTES TIENEN AGUA CADA 15 DÍAS O LA RECIBEN SOLO UNA VEZ AL MES
La información levantada por los corresponsales de El Pitazo en todo el país, con el apoyo de los infociudadanos formados por el medio de comunicación, concuerda con cifras del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (Ovsp), que reveló en su informe del último cuatrimestre de 2019 que solo 16,7% de los venezolanos tiene suministro continuo de agua en sus hogares.
El observatorio determinó que 65,9% de los habitantes de 10 de las principales ciudades del país califican negativamente el servicio de agua potable que reciben en sus hogares, a pesar de que 91,8% de toda la muestra indica tener acceso formal a tuberías. Al respecto, Julio Cubas, presidente del Ovsp, destacó que desde que empezaron el trabajo en la organización, en 2018, “el servicio de agua potable ha sido el peor evaluado por los ciudadanos y, de acuerdo con los nuevos resultados, se observó que esta tendencia se mantiene en similares rangos, con un porcentaje de valoración negativa por encima del 60%”.
Es así como la crisis de agua, más visible en algunos estados que en otros, se incrementó considerablemente en muchas zonas ya afectadas luego del mega apagón en 2019, y se hace mucho más evidente en estos momentos, cuando la contingencia por la pandemia exige el uso constante del líquido para cumplir con normas mínimas de higiene, que ya en algunos sitios de Venezuela representaban un privilegio.
El conteo de El Pitazo también deja ver que en al menos 172 municipios recurren a tomas improvisadas como pozos, ríos, depósitos bajo tierra, como aljibes o manantiales, y hasta tuberías rotas en vías públicas para poder abastecerse y almacenar el agua necesaria para cocinar y mantener mínimamente limpios sus hogares.
Los propios reportes del Ovsp indican que en la Gran Caracas varios sectores del este a oeste de la capital, que van desde Petare hasta La Vega y pasan por la zona rural de El Hatillo, reportan un promedio de 15 días sin recibir agua potable, en medio de la cuarentena decretada para enfrentar el COVID-19.
En este contexto, el almacenaje de agua termina siendo la solución. Pero ¿cómo almacenar agua en sitios donde se reportan hasta 15 días sin suministro? 93,8% de los 6.193 consultados en el mes de diciembre de 2019 en 27 municipios del país afirman que recolectar es una opción que usan para abastecerse de agua y 38,6% de ellos lo hacen hasta por más de 5 días.
EN AL MENOS 172 MUNICIPIOS RECURREN A TOMAS IMPROVISADAS COMO POZOS, RÍOS, DEPÓSITOS BAJO TIERRA COMO ALJIBES O MANANTIALES Y HASTA TUBERÍAS ROTAS
Las formas varían. El Pitazo pudo confirmar que en al menos 160 de los 335 municipios acceden al agua a través de cisternas en las que pueden gastar entre 300.000 bolívares y más de 60 dólares americanos, que equivalen a más de 11 salarios mínimos calculados a la tasa oficial.
No hay un solo estado de los 23 de toda Venezuela que tenga servicio de agua regular en todos sus municipios y las protestas registradas en el país son prueba de ello. En enero de 2020, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social reportó 175 protestas por servicios públicos y determinó que “la exigencia de agua potable continúa entre las principales causas de protestas por servicios en distintas comunidades del país. En enero registraron al menos dos protestas diarias, para un total de 67. Esta situación afecta el desarrollo de tareas del hogar, aseo personal, actividades académicas o médicas, que se han visto interrumpidas constantemente”.
En los estados que conforman la zona central del país el suministro de agua es irregular. Tanto en Aragua como en Miranda, Carabobo y Vargas las fallas de abastecimiento son notorias y el común denominador es que el líquido no llega todos los días y solo aquellas familias que tienen tanques en sus residencias pueden contar con este servicio de forma regular por tubería.
De los estados centrales, una de las situaciones más críticas se vive en el estado Vargas, donde la falta de agua es un problema estructural que data desde hace unos 30 años, pero que ha recrudecido en la última década.
La deficiencia en el suministro se debe a las constantes fallas, rupturas y fisuras de diversa dimensión que se han registran de manera cotidiana en la aducción Maya–Picure, la ruta de suministro de agua potable más importante para el Acueducto Litoral Central, pues alimenta a las cinco parroquias de la entidad costera donde se concentra el 70% de la población.
En Aragua, los municipios metropolitanos —Girardot, Mario Briceño Iragorry, Francisco Linares Alcántara, Mariño y Sucre— son los más golpeados. Sus vecinos han optado por ir hasta las tomas de agua de comunidades cercanas o a llenaderos con botellones y bidones, ya que no existe una política de atención con camiones cisternas por parte de las alcaldías.
En Miranda, la situación es similar a la de los estados Vargas y Aragua. En el eje Guarenas-Guatire se reportan fallas en el suministro de agua potable desde 2017. Los problemas se agudizaron con el apagón de marzo del año 2019. Esta inestabilidad eléctrica mantiene en trabajo intermitente al Sistema Taguaza de Hidrocapital, ubicado en el municipio Acevedo de la región Barlovento, donde las fallas son más persistentes que en el resto de la entidad.
En los Valles del Tuy, la escasez de agua ha sido uno los principales motivos de protesta por parte de las comunidades. En la parroquia Las Brisas, de Cristóbal Rojas, principalmente en las zonas 2, 3, 4 y 5, los vecinos sufren los rigores una sequía que se prolonga hasta por casi un mes. Lo mismo ocurre en el sector Mume de la parroquia Nueva Cúa, en el municipio Urdaneta, así como en sectores de Cartanal, Inavi, Morocopito y Dos Lagunas del municipio Independencia.
La subregión altomirandina no escapa de esta problemática. El bombeo en los municipios Los Salias, Guaicaipuro y Carrizal, por parte de la empresa Hidrocapital, es solo de tres días a la semana, y de 12 a 24 horas por sector, debido a fallas en la red de distribución desde el embalse La Mariposa, principal fuente de esta localidad.
En la Gran Valencia y en el eje oriental de Carabobo, que incluye Guacara, San Joaquín y Diego Ibarra, así como en los municipios Libertador y Carlos Arvelo, las fallas en el suministro se registran desde hace más de tres años; algunas de ellas debido a fallas eléctricas.
El abastecimiento de agua potable y saneamiento en la región de los llanos centrales occidentales de Venezuela sigue siendo un desafío para las autoridades. En pleno desarrollo de nuevas tecnologías para procurar la garantía del derecho a este servicio vital, la mayoría de los ciudadanos de 57 municipios rurales y urbanos recurren para abastecerse a las modalidades de pozos artesanales y tomas improvisadas a boca de ríos contaminados para el goce de este beneficio, en las que no se ejecutan ningún tipo de tratamiento físico químico para su potabilización.
En el estado Apure el 90% de los usuarios se ven obligados a obtener agua a través de perforaciones profundas hechas en los solares de sus viviendas y a usar filtros de tierra para sanear el agua, de acuerdo con los datos manejados por el presidente del Colegio de Ingenieros de esa entidad, Newton España.
Esto, mientras otro 80% en el municipio Esteller, al noreste del estado Portuguesa, encara una sequía de al menos 10 meses con el cobro compulsivo, a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, de una cuota de Bs 40.000 para reparar por cuenta propia los motores quemados de los seis pozos operados por el Gobierno. Quien no cancela la cuota no tiene derecho a comprar la bolsa de comida, denuncia Oswaldo Salazar, dirigente social de Píritu y uno de los 17 mil usuarios afectados.
Los barrios urbanos de Barinas también han copiado la modalidad de pozos artesanales y jagüeyes en casa, tal como lo hacen en los municipios Sucre y Pedraza a falta de acueductos. En respuesta a las protestas diarias que se suscitan por la escasez, el gobernador Argenis Chávez ha informado que se avanza en los trabajos para la restitución del agua en las distintas comunidades. Asegura que en dos meses estará completamente operativa la estación del río Santo Domingo, con capacidad para el bombeo de 600 litros por segundo.
Más allá, los municipios más desabastecidos del estado Cojedes, San Carlos, Tinaco y Tinaquillo, no se libran de la escasez ni de soluciones forzadas. Sectores como Tronconero, Los Mereyes, Ciudad Bendita, La Esperanza y Pueblo Nuevo, en Tinaco, suelen pasar más de 15 días continuos sin suministro de agua corriente en sus hogares. Los vecinos de esa zona deben destinar más de Bs 300.000 de su presupuesto familiar a procurarse acceso al agua. Incluso, algunos se unen para pagar entre todos un camión cisterna, valorado entre 10 y 15 dólares americanos.
En el municipio Leonardo Infante, en Guárico, las autoridades sanitarias no vigilan la calidad del agua. En su única entidad urbana, Valle de La Pascua, también usan la técnica de perforación de pozos, solo que algunos emprendedores potabilizan con filtros en mini plantas particulares. El agua de la de tubería, cuando llega, lo hace cada 15, 20 días y hasta cada mes. Viene turbia y hasta fétida, destaca José Guerra.
En promedio, los municipios del estado Zulia, uno de los más afectados por las fallas en el servicio eléctrico y sus consecuencias colaterales, pasan entre 15 días y un mes sin recibir el servicio por tubería. La mayoría debe pagar entre 1 y 2 dólares por 200 litros y otros más caminar hasta pozos, buscar en ríos y hasta usar agua del contaminado Lago de Maracaibo.
En cuanto al resto de los estados del occidente del país, desde 2008 viven racionamiento crítico en algunas zonas y en muchos municipios de estados como Lara se han visto obligados a surtirse mediante la captación de pozos profundos. De los nueve municipios de la entidad larense, al menos cinco se abastecen del líquido por esta vía y hay zonas como la parroquia Aguedo Felipe Alvarado, conformada por los poblados y caseríos Bobare, Padre Diego, Las Veras, Tapa e’ Piedra, Piedra Colorada, Banco Baragua, El Buchal y Las Lechosas, donde el sistema de distribución de agua por tuberías está fuera de servicio desde hace cinco años.
En el caso de Falcón, las fallas en el servicio se complican aún más debido a que las alcaldías no cuentan con camiones cisterna propios, y los pocos privados venden el agua a precios dolarizados o por trueque de alimentos. Algunos buscan ojos de agua en la montañas para llenar pimpinas y botellas de agua.
En cuanto a los 14 municipios del estado Yaracuy, se surten a través de ríos, quebradas y del embalse o represa Cumaripa. A mediados del año pasado, el servicio de agua dulce se ha visto afectado producto de la tala indiscriminada de árboles a orillas de cauces de quebradas y ríos, afluentes que abastecen a más del 75% de la jurisdicción yaracuyana.
Aunque la naturaleza y el clima favorecen la abundancia de agua en la región, la falta de inversión en estados como Mérida, sumada al escaso mantenimiento y ejecución de planes de desarrollo por parte de la empresa hidrológica estadal, Aguas de Mérida C.A. (Aguamerca), afectan el suministro en el estado.
En la mayor parte del territorio estadal no hay fallas constantes en el suministro de agua. Sin embargo, en municipios como Alberto Adriani, Andrés Bello o Sucre, el servicio ha estado suspendido por un mes o más en algunos sectores. En Libertador, municipio capitalino, el suministro es suspendido en temporada de sequía por varias horas al día e incluso hasta por cinco días continuos.
En el caso de Táchira, en los municipios fronterizos con Colombia, como Bolívar y Pedro María Ureña, el suministro de agua puede suspenderse hasta más de un mes. En San Cristóbal, capital del estado, el servicio es racionado según un cronograma publicado por Hidrosuroeste, en el que se establece que por 48 horas se corta el agua y luego por 48 horas es restablecido.
De los 20 municipios que conforman el estado Trujillo, al menos 15 padecen la escasez. En Valera, el más habitado, hay comunidades que tienen 10 años sin sistema de tuberías. El acueducto metropolitano, que en la década de 1990 surtía a cinco entidades municipales, hoy solo sirve a dos, debido a las malas condiciones por falta de mantenimiento e inversión. Hay comunidades que pasan de 15 días a un mes sin servicio, mientras que sectores del norte tienen 10 años sin el suministro por ausencia de tuberías.
Los estados del oriente de Venezuela podrían ser considerados dentro de los más golpeados por la falta de agua. Algunos municipios de los Estados Sucre, Monagas y Bolívar cuentan hasta con más de tres años sin que el agua llegue a sus casas por tubería y la mayoría recurren a pozos y ríos para surtirse y almacenar líquido hasta por más de 12 días.
Estados como Amazonas y Delta Amacuro ni siquiera cuentan con suministro directo, sino que los propios vecinos se proveen el servicio con pozos improvisados, construidos por ellos mismos, que nunca han sido mejorados o adaptados por la hidrológica del Estado.
Aunque muchos de los municipios de esta zona son hídricos, el escaso acceso al servicio obliga a los ciudadanos a pagar hasta 40 dólares para garantizar el abastecimiento de sus viviendas.
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