José Martínez salió del trabajo a las 6:00 am, como cada dos días, cuando culmina su guardia en un edificio residencial de Las Mercedes. Antes de subirse al Metro para dirigirse a su casa, en Petare, consultó el saldo de su cuenta para confirmar si se le hizo efectivo el pago del último bono. “Son 18 bolívares. Con eso compro un kilo de queso para desayunar porque ya no tenemos nada”, relató este vigilante del sector privado, a quien un salario cercano a los 100 dólares no le alcanza para mantener a su familia de tres integrantes: él, su esposa y un hijo en condiciones especiales. Para Martínez, los bonos que le llegan a él y a su esposa representan “una ayuda” con la que pueden adquirir algunos alimentos.
Con respecto a la salarización de los bonos, recientemente anunciada por Nicolás Maduro, no sabe mucho. “Yo escuché que los querían pasar al salario pero no sé más nada”, dijo este trabajador que además desconoce el proceso para cobrar los beneficios por el sistema Patria. “Me llegan y la sobrina de mi señora me los transfiere a mi cuenta”, agregó.
Al igual que José Martínez, son muchas las personas que aseguran tener dudas sobre el anuncio de salarización de bonos. Entre los trabajadores públicos tampoco es clara la información.
Merlina Villalba reside en Sarría, al oeste de Caracas, y labora en la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte). Su salario es de 90 bolívares mensuales o el equivalente a 20 dólares y, adicionalmente, recibe los bonos a través del sistema Patria con los que compra algunas cosas que falten en su casa, pues asegura que la mayor parte de los productos los adquiere con el dinero proveniente de la ayuda que le envía su hija de Colombia.
“Los bonos me sirven para comprar dos panes campesinos o medio cartón de huevos, y con la pensión recargo el saldo del teléfono”, refirió. En su trabajo no han dicho nada sobre la inclusión de los bonos como parte del salario, pero considera que si los suman a las prestaciones sociales “sería bueno”.
Antonio Suárez, presidente de Fedeunep
Esta idea la respalda Antonio Suárez, presidente de la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep), quien condenó el hermetismo que mantiene la Administración de Maduro con relación a las decisiones laborales. El dirigente gremial explicó que la medida aplicaría únicamente para los bonos de complemento, de 46 bolívares, y de Máxima Eficiencia, correspondiente a 15,4 bolívares, que perciben los trabajadores públicos a través del sistema Patria, por lo que serían los únicos beneficiados. Aclaró que son ingresos que se cancelan de manera permanente, por lo que ya deberían formar parte del salario, de acuerdo con la legislación vigente.
“En la práctica, lo que hizo el gobierno con el anuncio fue sacarles el dinero de un bolsillo y pasárselo al otro”, dijo a El Pitazo. Como ejemplo, detalló que actualmente un trabajador profesional gana 15,9 bolívares, tiene prima de antigüedad de 22% por 10 años de servicio, o 3,49 bolívares. Si es TSU recibe un bono de profesionalización de 20%, es decir, 3,18 bolívares, y a eso se suma un bono de Estabilización Macroeconómica que corresponde al 80% del salario básico, en este caso 12,72 bolívares. Todo ello conforma un salario de 35,29 bolívares o 7,8 dólares al cambio oficial.
“Si el gobierno salariza los bonos, se suman a esos 15,9 bolívares y a los 7 bolívares por antigüedad y profesionalización, y juntos serán la base de cálculo para los otros beneficios”, señaló Suárez y confirmó que aun con esos montos, los ingresos de ese trabajador no superarían los 25 dólares al mes. “Eso no resuelve los problemas de la gente, mejora un poquito la caja de ahorro, prestaciones, el pago de aguinaldos, bono vacacional, pero más nada, es muy poca la mejora en calidad de vida”, insistió.
Ante la nueva decisión de Maduro, los grandes rezagados siguen siendo los pensionados, lamentó Edgar Silva, coordinador del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad.
En su opinión, la medida es “otra estafa” porque se presentó como un aumento salarial cuando en realidad el salario mínimo se mantiene en 7 bolívares. Esa es la cantidad que seguirán percibiendo los pensionados, más el bono de Guerra Económica que hasta el momento se ubica en 10 bolívares.
“No ha pasado nada, lo diferente sería que incorporan esos dos bonos (Máxima Eficiencia y Complementario) al salario de los trabajadores. En relación a los jubilados (Maduro) no dijo nada y a los pensionados también los dejó por fuera”, apuntó.
El presidente de Fedeunep explicó que el ingreso de los jubilados de la Administración Pública está basado en una homologación a la escala salarial y si no se ajusta, como sucede actualmente, el monto que perciben se mantendrá. “Ajustan al cargo con el que fueron jubilados en su momento, que se basa en esa escala”, señaló, por lo que condenó que, de salarizar los bonos, el incremento se aplicará únicamente a los trabajadores activos y los jubilados mantendrán su ingreso base, que para la mayoría se ubica en 7 bolívares.
Edgar Silva, coordinador del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad
Explicó que al monto indicado se suman los bonos Máxima Eficiencia y Complemento, del sistema Patria, y el de Estabilización Económica, que corresponde al 80% del salario base (5,6 bolívares), más aproximadamente 5 bolívares de cestaticket, es decir, un total de 79 bolívares o cerca de 17 dólares.
Esta organización sindical propuso el pasado mes de noviembre iniciar la escala en un monto de entre 110 y 112 bolívares. “Lo importante para nosotros es que se ajuste la escala salarial a niveles reales de vida”, manifestó. La petición de los pensionados y jubilados va en esa misma línea, pues en un reciente documento que introdujeron ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) solicitan una pensión que permita cubrir la canasta básica familiar, que cerró en diciembre por el orden de los 800 dólares. “Los trabajadores pagaron la seguridad social para tener un retiro digno y el Estado está obligado a retribuir ese sacrificio”, expresó.
Agregó que acceder al sistema Patria tampoco es fácil para los adultos mayores, quienes deben recurrir constantemente a sus familiares para realizar las transferencias a través de la Plataforma. “Es un sistema perverso de control, manipulación y sometimiento a la población. Los programas sociales se entregaban a la población vulnerable solo con la cédula de identidad”, opinó.
Durante el anuncio de la nueva medida de salarización de los bonos, en el Consejo Federal de Gobierno del pasado 24 de enero, Maduro dijo que se enviarán recursos de los bonos de la Patria a las gobernaciones y alcaldías para el pago a los trabajadores. La promesa es salarizar e incrementarlos con el fin de pagar en los primeros días del mes. “Para que el dinero no se les haga agua”, dijo.
A juicio de Antonio Suárez, la medida anunciada por Maduro forma parte de una estrategia de controlar el gasto público con el fin de redirigir en el presupuesto estos recursos. Por otro lado, señaló que se intenta controlar los números de inflación al reducir la circulación de dinero desde los trabajadores. “El gobierno juega a controlar el gasto público y la inflación a costa de más de 3 millones de trabajadores y 1 millón de jubilados de la Administración Pública, sin contar con los jubilados del Seguro Social que también perciben una pensión de vejez de hambre”, denunció.
El economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Luis Crespo, coincide con esta postura, pues indicó que en el país hay un plan de ajuste silencioso con medidas para desacelerar la inflación y el tipo de cambio “a cuenta de sacrificar a los trabajadores, jubilados y pensionados y el crédito de la banca”.
Luis Crespo, economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela
A juicio de Crespo, existe una matriz comunicacional por parte de la Administración de Maduro para crear un efecto favorable ante la asignación de los bonos a la que cataloga de agitación política. “Mero populismo”, dijo, al tiempo que reconoció que las personas ven los bonos como “una opción que en medio de la precariedad genera una ilusión monetaria”. Cree que en este momento es fundamental que se discuta una metodología para rescatar el salario más allá de los bonos.
Por su parte, el economista y subsecretario general nacional del partido Bandera Roja, Carlos Hermoso, sostiene que si bien la salarización de los bonos es un paso en la normalización del salario, reitera que no generará un aumento de este ni de la pensión. “Forma parte de los mecanismos de coerción del gobierno de Maduro para obligar a la población a inscribirse en la plataforma Patria”, apuntó.
Para el sector privado no tiene incidencia la decisión de salarizar los bonos del sistema Patria, aseguró la presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Maryolga Girán. Indicó que estos bonos son una “dádiva” del Estado a la que acceden las personas independientemente de su condición laboral.
La representante de Conindustria reconoció que en el sector privado hay muchas personas que perciben beneficios a través del sistema Patria, aunque aseveró que no existe data al respecto. A su juicio, la cantidad de dinero que reciben tampoco es suficiente. Señaló que la medida favorece a los trabajadores del sector público, mientras que los del sector privado percibirán de igual manera los bonos que les correspondan o asignen, pero no formarán parte de su salario porque su patrono no es el Estado.
Maryolga Girán, presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales de Conindustria
Esta web usa cookies.