El Gran Roque es la isla más grande del archipiélago, habitan un promedio de 1600 personas, además de las posadas y restaurantes estalecidos y con permisología | Cortesía Asociación de Operadores Turísticos del Parque Nacional Los Roques
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El archipiélago Los Roques bien puede confundirse con el paraíso terrenal. Una belleza exuberante, arenas blanquísimas, aguas cristalinas y una gama de azules inimaginables. Un extenso atolón coralino de poco más de 221.000 hectáreas, de los cuales 70% está sumergido bajo las aguas del Mar Caribe.
Desde julio de este año, la estabilidad de ese paraíso se ha visto amenazada, producto de la Primera Rueda de Negocios de Turismo Internacional impulsadas por el Ministerio de Turismo de Venezuela (Mintur), realizada en marzo de este año. El gobierno de Nicolás Maduro habría otorgado nuevas concesiones para el desarrollo de hoteles y restaurantes de turismo de lujo, en zonas protegidas, pero además, mantiene amplios lotes de terreno para ser ofrecidas en ruedas de negocios futuras que se realizarán en el marco de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela 2019 (Fitven), que se llevará a cabo en La Guaira, el próximo mes de noviembre.
Los Roques es considerado uno de los paraísos naturales más importante y famoso, con los que cuenta Venezuela. Mantener el equilibrio en esas 42 islas de diversos tamaños y unos 292 cayos y bancos de coral, así como la riqueza patrimonial, histórica y cultural, obligaron al gobierno venezolano, en 1972, a convertirlo en Parque Nacional y a promulgar, en 1991, el Decreto Presidencial 1.213, aún vigente, que contiene el Plan de Ordenamiento Territorial y Reglamento de Uso del Parque Nacional Los Roques.
Asimismo, se cuenta con por lo menos una docena de decretos, entre los años 2003 y 2018, suscritos por el hoy extinto Ministerio del Ambiente y el Gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda, de la que Los Roques forma parte, donde queda claramente establecidos los parámetros de desarrollo de la zona, para preservar el ecosistema del archipiélago y hacer más llevadera la vida de los roqueños y de los posaderos allí establecidos, aunque no haya sido así las dos últimas décadas.
Todo el tinglado legal vigente que se tejió para proteger a Los Roques es irrespetado con esta oferta turística, que además no plantea soluciones para los problemas ya existentes en el Gran Roque, la única isla con permiso de habitabilidad y donde se ubican las 69 posadas que funcionan actualmente y los 1600 habitantes del archipiélago.
El paraíso idílico se expone por la vorágine del desarrollo de estructuras hoteleras y restaurantes exclusivos, solo para ricos y famosos, en esas zonas protegidas.
Especialistas advierten el daño y los pobladores originarios, los roqueños, dicen haber sido dejados de lado.
Ante la disminución del ingreso por renta petrolera, el gobierno de Nicolás Maduro apunta al turismo para garantizar la liquidez del Estado venezolano.
“Había una línea desde que Marleny Contreras (esposa del presidente del Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello) fue la ministra de Turismo de hacer alianzas con inversores emergentes, por lo general gente amiga o testaferros de líderes del oficialismo. Pero a raíz de las sanciones, el gobierno de Maduro está buscando nuevos aliados y se están aplicando consejos de modelos como el cubano: inversiones extranjeras que van orientados a los extranjeros que pueden pagarlo. La apuesta es alta y dura, no están midiendo consecuencias”, refiere una fuente del Ministerio de Turismo que prefiere no ser identificado.
Lo dicho por la fuente es respaldada por los hechos. En noviembre de 2018, durante la XIII Feria Internacional de Turismo de Venezuela, Nicolás Maduro anunció que como ofensiva a la llamada “guerra económica”, crearía las “Zonas Económicas Especiales Turísticas del Petro”. Estas zonas serían ofertadas a empresarios internacionales que podrían prestar sus servicios pagaderos en criptomonedas o euros.
Lo más destacable de este anuncio fue los lugares que serían ofertados: Parques Nacionales como Morrocoy, Mochima, Canaima y Los Roques, lugares protegidos como la isla La Tortuga y playa El Agua en la isla de Margarita. Todos con condiciones ambientales y patrimoniales que habían impedido su explotación anteriormente.
La orden de Maduro fue acatada de inmediato por la entonces titular de la cartera de Turismo, Stella Lugo, quien además es la jefe de gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda. La funcionaria fue la responsable de organizar la I Rueda de Negocios de Turismo Internacional, que se efectuó en Caracas, los días 28 y 29 de marzo pasado.
“Vamos a tener una rueda de negocio internacional donde vamos a ofertar nuestros espacios turísticos para todo el que quiera invertir en el país; el turismo mueve 10% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y Venezuela tiene con qué sumarse y convertir al turismo en nuestra principal fuente de ingresos”, declaró Lugo a Venezolana de Televisión para inaugurar la jornada de inversión.
Posteriormente, Maduro creó en agosto pasado el Ministerio para el Turismo y Comercio Exterior, designando a Félix Plasencia como ministro. En ese momento, Maduro explicó la decisión de unificar ambos despachos. “Tendrá la responsabilidad de impulsar el desarrollo turístico y la inversión internacional en Venezuela. Debemos explotar nuestras potencialidades”.
Tras su llegada al despacho, Plasencia ha anunciado que proseguirá con los planes de concesiones para las zonas anunciadas, los parques nacionales que incluyen Los Roques y otras zonas de interés turístico.
La Primera Rueda de Negocios de Turismo Internacional presentó una propuesta a los inversionistas, que fue recogida en un portal digital, https://tourism-investment.com/, al que ahora es casi imposible ingresar por fallas en los protocolos de seguridad del site.
El documento plantea la entrega en concesión de lotes de terrenos, entre cinco y 50 mil metros cuadrados, en Cayo Crasquí (tres lotes), en Cayo Francisquises (cuatro lotes), Cayo Noronquises (dos lotes) e Isla Agustín (un lote) y las posibles construcciones.
De acuerdo con los roqueños, concesionarios y otros especialistas esta oferta es ilegal y engañosa. “El Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional Los Roques divide al parque según zonas de uso. Hay zonas de protección integral, zonas de recreación, de interés histórico y arqueopaleonteológico, zonas de servicio, de uso especial y de habitabilidad. Ese plan es el que indica que el único lugar habitable es el Gran Roque”, explica un posadero con más de 25 años en el archipiélago, pero que no quiere ser identificado, por temor a represalias del Gobierno venezolano.
“Al contrastar la oferta de Mintur con la clasificación del Plan y Reglamento de Uso del Parque Nacional Los Roques, te das cuenta que por ejemplo, en los Noronquises y Crasquí hay doble clasificación, es zona de recreación y de interés patrimonial, eso prohíbe la construcción de establecimientos para la pernocta. Más delicado es la isla de Agustín que es considerada una zona de Ambiente Natural Manejado; es decir, como un espacio de conservación. No tiene sentido exponer la riqueza natural del parque. El turismo ha decaído, es verdad, pero no se recuperará haciendo más hoteles, sino invirtiendo para mejorar lo que tenemos”, agrega la fuente.
“El tema es que lo que ellos están ofreciendo para que vengan los extranjeros a construir son zonas que han estado bajo protección siempre y ahora dicen que es por el desarrollo, pero no dicen nada del desarrollo o de los servicios del Gran Roque, sin agua y con fallas de luz, eso no se entiende”, refiere Florita, una roqueña que vende empanadas a los turistas que llegan al Gran Roque.
Florita, habitante de El Gran Roque
Así como Florita, otros roqueños están mortificados. En junio de este año, Stella Lugo, aún con su doble rol, de Ministra de Turismo y jefa del Gobierno Insular, dio el visto bueno a las primeras concesiones en Crasquí y los Francisquises. Los roqueños no fueron consultados para esta decisión.
“Aquí vienen y te dicen que el gobierno participativo y el poder de la comuna cuando es pura paja. Por eso realizamos una asamblea y decidimos exigirle a Stella Lugo que nos explique qué es lo que va a pasar con esas nuevas construcciones y por qué se habla de inversiones para mejorar el turismo, pero no la vida de quienes estamos en el Gran Roque”, dice José Salazar, integrante de la Comuna Socialista de Los Roques, quienes junto a la Asociación de Operadores Turísticos de Los Roques, la Cooperativa de Transporte Turístico Acuático, y los consejos de pescadores de Los Roques y Santa Bárbara, enviaron una carta pública a Lugo el pasado 11 de julio, sin haber recibido respuesta a la fecha.
“Lo único que te dice el personal del gobierno insular es que tengamos calma, que estas inversiones nos van a traer mejoras, pero eso lo han dicho antes”, cuenta José Marcano de la asociación de pescadores.
La única inversión novedosa para el archipiélago es la nueva pista construida en el Gran Roque, que permitirá que aviones más grandes puedan aterrizar. Pero solo dos líneas están volando, el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa) y Aerocaribe.
La otra obra anunciada más recientemente en la orden dada por Nicolás Maduro al gobernador de Vargas, Jorge García Carneiro, de construir un puerto para embarcaciones de mayor eslora. Nadie imagina cómo será ese proyecto.
Los Roques no es el mismo lugar para sus visitantes, que para sus pobladores. Quienes habitan el archipiélago son normados de forma estricta. No se les permite mejorar sus bienhechurías y padecen por los precarios servicios. Sin embargo, no se quejan, pues a pesar de la imperfección, sigue siendo un paraíso que les ofrece sosiego.
“Aquí uno vive tranquilo, pero hay muchos problemas. Sobre todo la contaminación, eso preocupa, las consecuencias en los niños y que los turistas decidan no venir más, porque entonces sí es verdad que no tendremos ingresos”, cuenta una roqueña, que no quiere dar su nombre, por aquello de ser señalada “como bocona”, en el pequeño islote.
La contaminación referida se relaciona con la recolección de los desechos sólidos. Desde hace una década la barcaza que trasladaba la basura se dañó y ahora no se lleva a tierra firme, sino que se quema, en un área del Gran Roque.
Por otra parte, la planta de tratamiento de aguas residuales del Gran Roque se dañó hace unos siete años y a la fecha no ha sido subsanada la falla. Desde ese momento los desechos de los roqueños van a dar a una “laguna de oxidación”, que permite que las aguas residuales impregnen los azules de las aguas roqueñas. “Cuando la laguna está rebosada se bombea al mar. Por eso uno les dice a los turistas que no se bañen en el Gran Roque. Pero si construyen en los otros cayos, cómo harán con su basura y sus cloacas. Vamos a dañar todo el parque”, analiza la mujer.
Estos problemas ya habían sido objeto de estudios, los mismos que fueron pagados por el gobierno de Hugo Chávez y que hoy son ignorados por el gobierno de Nicolás Maduro.
Vilisa Morón, presidenta de la Asociación Venezolana de Ecología
En el año 2010, el Ministerio para el Ambiente (Minamb), publicó en Gaceta Oficial Nº 39.402, la suspensión del otorgamiento de nuevas concesiones para realizar actividades comerciales, turísticas, recreacionales y de servicio (con algunas excepciones), dentro del Parque Nacional Archipiélago de Los Roques. La medida fue tomada, según el decreto, “ya que el asentamiento de un mayor número de residentes y visitantes, genera el incremento de la demanda de servicios públicos básicos en el Archipiélago, lo que incidiría negativamente en la protección del ecosistema”.
“Ese decreto vino a ratificar una decisión tomada desde el año 2004, de no dar más concesiones en Los Roques, tras el resultado de un estudio realizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional y el Instituto de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Simón Bolívar, en el marco de un acuerdo suscrito entre el Reino de España y Venezuela, allí se determinó que el Archipiélago de Los Roques alcanzó, en ese momento, un nivel de saturación con relación a los espacios disponibles y a los servicios públicos”, explica Vilisa Morón, presidenta de la Asociación Venezolana de Ecología, organización que emitió un comunicado fijando postura y denunciando la ilegalidad y daños que representan las nuevas concesiones para Los Roques.
A través del documento, el grupo ecológico insiste en que la administración de Nicolás Maduro, por medio del Ministerio de Turismo, ignora las reglamentaciones vigentes y juega con la integridad natural del parque y su diversidad biológica.
Otro aspecto que se aborda es el patrimonial, pues los más importantes yacimientos arqueológicos prehispánicos de las islas que conforman las Dependencias Federales de Venezuela están localizados en Los Roques.
“Esta propuesta turística, lejos de conllevar un beneficio para la comunidad del Parque, así como para la promoción de un desarrollo sostenible del mismo, generará una profundización de todos los problemas socio-ambientales que aquejan a dicha comunidad y ya producen un impacto negativo sobre la biodiversidad, los procesos ecológicos, el patrimonio histórico cultural o arqueopaleonteológico y hasta a la misma actividad turística, condiciones únicas en el Caribe Sur”, concluye el documento.
Los paisajes de Los Roques y sus innumerables azules parecen no estar a salvo.
Comunicad de la Asociación Venezolana de Ecología
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