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En octubre de 2018, el gobierno de México desactivó una red que vendía alimentos de baja calidad a sobreprecio al Estado venezolano para ser distribuidos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), el programa de alimentación creado por Nicolás Maduro en abril de 2016 que se convirtió en su proyecto bandera y es coordinado a nivel nacional por Freddy Bernal.
Según el comunicado de la procuraduría de ese país, “este grupo de empresas y personas físicas (mexicanas y extranjeras) ha obtenido recursos desviándolos de sus fines humanitarios, para, en cambio, adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos, aprovechándose de la carestía alimentaria que aqueja a Venezuela”.
Sobre la investigación, Nicolás Maduro aseguró, en cadena nacional que se trataba de un falso positivo fabricado por México para intimidar a las empresas.
Aunque no era la primera vez que se denunciaba irregularidades en torno al programa estatal. Desde 2017, la prensa venezolana y la Asamblea Nacional comenzaron a registrar ventas con sobreprecio de los productos subsidiados y desviación de los rubros. Pero la falta de transparencia con respecto a la compra, distribución y asignación de las cajas o bolsas de los Clap no solo ocurre en el Estado Mayor –autoridad máxima del programa–; en los sectores populares de Caracas también resuena la corrupción y muchas familias acusan a los voceros del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) de manejar los alimentos en favor de sus intereses particulares.
Para que una familia pueda optar por una caja o una bolsa de estos alimentos, el Consejo Comunal debe incluirla en la data luego de hacer una suerte de estudio socioeconómico que permita determinar sus necesidades.
Miguel Sánchez, habitante de la parroquia Santa Rosalía
En la parroquia Santa Rosalía, en el sur de Caracas, hay 100 consejos comunales –todos liderados por afectos al chavismo– y 118.000 habitantes, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) y allí las denuncias por corrupción comenzaron apenas se instaló el programa.
Miguel Sánchez, vecino de la zona, cuenta que las cajas de alimentos llegaron en 2017 y durante el último trimestre de ese año, descubrieron que el encargado del comité vendía gran parte de las cajas a un grupo de policías, quienes las revendían a comerciantes informales de la zona.
El Psuv destituyó al vocero del Estado Mayor por el sector, pero le permitió escoger a su sustituta, lo que para Miguel y para muchos de sus vecinos significó la continuación de una gestión corrupta.
Las cosas no han cambiado, porque el partido de gobierno no permite renovar los cargos dentro de los consejos comunales mediante elecciones. Miguel considera que es una decisión que responde a la necesidad de control y vigilancia; asegura que los consejos comunales solicitan al Estado Mayor una cantidad de cajas que supera el número real de familias que las necesitan: “Yo sé que ellos piden como 40 cajas más y se las reparten entre ellos: los choferes (de los camiones que transportan los alimentos) y los que ayudan a cargar y eso”.
Además, la participación de quienes abiertamente se oponen a Nicolás Maduro se ve limitada; por eso él mismo no ha podido verificar lo que viene denunciando desde hace dos años. “Los jefes de calle piden las cajas y, cuando llegan, las meten en sus casas para repartirlas. Entonces tú no tienes forma de contar las cajas y comprobar que lo que le dicen a la comunidad es verdad”.
Tampoco ha podido confirmar que el dinero que se recolecta para el pago del transporte realmente se utilice adecuadamente, pero Miguel afirma que parte de eso financia las actividades políticas del chavismo dentro de Santa Rosalía. Nuevamente, se habla sobre la base de las suposiciones.
El 20 de mayo de 2018 se llevaron a cabo una elecciones presidenciales que coincidieron con las de los consejos legislativos estadales y de los consejos municipales. Organizaciones no gubernamentales como el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Foro Penal, Voto Joven y Red Electoral Ciudadana denunciaron irregularidades durante la convocatoria y el proceso electoral: inhabilitación de candidatos y partidos políticos, falta de competencias constitucionales de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para convocar elecciones, compra de votos y acompañamiento de los aliados del chavismo.
De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de una participación de 46% de los votantes, Nicolás Maduro obtuvo 67,87% de los votos frente a sus contrincantes Henri Falcón –20,93%– y Javier Bertucci 10,82%-. Meses después, el 10 de enero de 2019, Nicolás Maduro se juramentó ante ANC y no ante la AN, como lo establece el artículo 231 de la Constitución. El parlamento aseguró que el nuevo período presidencial del sucesor de Hugo Chávez era ilegítimo.
En octubre de 2018, el gobierno de México desactivó una red que vendía alimentos de baja calidad a sobreprecio al Estado venezolano para los Clap. Nicolás Maduro aseguró, en cadena nacional, que se trataba de un falso positivo
Por eso, cuando Juan Guaidó, líder del Poder Legislativo, asumió las competencias del Poder Ejecutivo frente a una marcha multitudinaria en Caracas el 23 de enero de este año, más de 50 naciones comenzaron a rechazar a Nicolás Maduro y reconocieron al parlamentario como Presidente de la República. Así también lo hizo parte de la ciudadanía.
En la Urbanización Simón Rodríguez de la parroquia El Recreo, el 29 de enero se les negó a siete habitantes de la comunidad la venta de la caja de alimentos subsidiados por oponerse al Gobierno, entre ellos, a Yajaira Aristimuñoz, vecina del bloque 4.
Dentro de las comunidades de Caracas se escucha la palabra corrupción como la razón principal por la que falla el programa bandera de Nicolás Maduro
Yolanda Espinoza, quien era líder de los Clap y miembro del Consejo Comunal Víctor Morillo para ese entonces, le exigió a Yajaira una carta manuscrita en la que reconociera a Nicolás Maduro como Presidente de la República o sería excluida del programa. Yajaira se negó. A los días le permitieron pagar por la caja, pero cuando se la entregaron se dio cuenta de que le faltaban productos. La comunidad comenzó a denunciar la arbitrariedad a través de las redes sociales, y en menos de un mes Yolanda Espinoza fue destituida como encargada del comité en la zona.
Aunque nunca supieron con exactitud adónde fueron a parar los rubros que les faltaban a los vecinos que fueron amedrentados, el esfuerzo comunitario tuvo un resultado positivo.
En el barrio Los Aguacaticos, en la parroquia La Vega, nadie sabe qué pasa con las cajas de los que se van del país. Según Freiner Torrealba, encargado del programa, hay 602 familias que reciben y pagan por los alimentos distribuidos por los Clap, pero el líder comunitario Jairo Pérez estima que con el aumento de las familias que han emigrado durante los últimos dos años esa cantidad debió bajar a 450, más o menos.
Pero no hay una revisión constante de la data. El deber ser, según Jairo, es que las cajas que ya no serán otorgadas a ninguna familia no lleguen a la comunidad; pero muchos líderes del Psuv prefieren seguir solicitándolas para quedarse con esas cajas y distribuirlas entre sus allegados.
Jairo sabe que para poder denunciar corrupción debe tener pruebas que se puedan contrastar y verificar; por ahora, habla de lo que ve y escucha en el barrio por el que trabaja desde hace 20 años. Considera que el modelo que plantea que las comunidades gestionen y administren sus bienes no está mal, sin embargo, muchos utilizan la idea de las comunas promovida por el Estado para satisfacer necesidades personales con los recursos de todos.
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