Agradecidos están porque tienen un techo provisional con condiciones mínimas. Pero son la provisionalidad y las condiciones lo que les preocupa. No todas las 23 familias alojadas en el refugio Waraira Repano II, ubicado en el kilómetro 13 de Caucagüita, municipio Sucre, tienen el mismo tiempo allí. Unas llevan seis meses; otras acumulan uno, tres, nueve años esperando por una adjudicación que no llega y por la atención de las autoridades del Ministerio de Vivienda o la Gobernación de Miranda, que parecen haberlos dejado abandonados.
El refugio es un gran galpón de dos pisos con pequeños cubículos divididos por cartón piedra; cada familia se provee corriente eléctrica a través de alguna conexión improvisada y todos comparten un baño único con ocho pocetas, algunas inutilizables, y ocho duchas visiblemente deterioradas, divididas en una zona para hombres y otra para mujeres.
Las familias más antiguas que permanecen en el sitio tienen entre 9 y 10 años allí, esperando adjudicación. Son damnificados de Caucagüita, Maca y El Campito, y hay al menos dos casos de personas que se quedaron sin hogar y decidieron entrar por su propia cuenta al sitio a ocupar alguno de los espacios vacíos.
Pilar, una de las madres con más tiempo en el refugio, asegura que en el lugar tratan de mantener la convivencia y armonía, pero ven con preocupación que ninguna autoridad gubernamental local o ministerial se presente en el sitio para constatar el estado de las familias y explicar cómo va su proceso de adjudicación.
“Aquí me traje yo misma porque me quedé en la calle después de un deslave y ya tenía seis años arrimada sin que me dieran respuesta. En ese momento hablé con la coordinadora y me censaron, pero ahora ni eso porque aquí hay gente que no es tomada en cuenta”, relató esta mujer.
Aunque se trata de familias muy diversas e incluso incompatibles en algunos asuntos de convivencia, todos coinciden en esa sensación de abandono. Muchos llegaron a este espacio solo con lo que tenían puesto y han tenido que ingeniárselas para poder cocinar en fogones creados por ellos mismos, dormir en tablas forradas con tela y hasta hacer sus necesidades dentro del cubículo para cuidar su salud.
Pilar, refugiada
Es el caso de las seis familias del sector El Campito, específicamente del barrio Santo Niño, que aceptaron venirse a este espacio el 1 de julio de 2020, cuando se desplomaron sus viviendas. Aseguran que no han vuelto a ver a ningún vocero, ni siquiera al comisionado del Ministerio de Hábitat y Vivienda que los llevó al sitio con la promesa de encontrar una rápida solución habitacional.
María Vargas perdió su casa y ahora vive en este espacio llamado Refugio II por la gente de Caucagüita. Su preocupación principal es que ya ha pasado casi un año y no hay respaldo de ninguna autoridad. “Aunque en este lugar no falta el agua, aquí en estos cubículos no hay ni techo. Tenemos los corotos regados y el niño no estudió este año porque me lo traje. Nos dijeron que tres meses y vamos para un año… Yo sé que uno debe tener conformidad, pero es muy difícil vivir sin saber qué será de nosotros”, dijo Vargas.
La gente de El Campito asegura que la promesa de Misión Vivienda fue que no permanecerían más de seis meses en este sitio en el que lo que más les preocupa es su seguridad y la de sus familias, pues estos cuartos en los que están ubicados no tienen techo y en las madrugadas han vivido varios episodios de robo.
Entre las familias refugiadas hay al menos 33 niños y niñas, muchos de ellos desescolarizados y dependientes por completo de la alimentación que sus padres obtienen a través de las bolsas del sistema Clap y que representan el único apoyo gubernamental que este grupo recibe, además de los bonos que obtienen quienes están registrados en el Sistema Patria.
Marcía Martínez tiene seis meses viviendo en Waraira Repano II, desde que, en diciembre de 2020, funcionarios de la Gobernación de Miranda la llevaron a este sitio desde el barrio petareño 5 de Julio, donde vivía. Desde entonces, en un espacio de no más de cuatro por seis metros, vive junto a tres menores de edad, uno de ellos con discapacidad intelectual, y su hija mayor.
Duermen en una tabla forrada con varios trapos, cocinan en una hornilla eléctrica y hacen sus necesidades en un tobo dentro del mismo espacio para evitar usar los inodoros comunes. Marcia usa cuerdas para sostener las cosas y crear separaciones con sábanas dentro del cuarto.
Su hijo especial perdió la oportunidad de asistir al taller laboral en el que estaba por la distancia y la falta de recursos para pagar el pasaje. No tienen ningún entretenimiento y tampoco trabajo. Marcia solo pide que alguien los visite más seguido, que lleven jornadas médicas para atender a los niños del refugio y que “no olviden” que ellos están allí.
María Vargas, refugiada
De acuerdo con lo comentado por las familias refugiadas, este espacio está bajo la custodia de una encargada del Concejo Municipal de Sucre que visita el espacio eventualmente y atiende algunas llamadas. Sin embargo, hasta el momento ni esta funcionaria ni ninguna otra les ha dado respuestas sobre su adjudicación.
De acuerdo con la Ley de Refugios Dignos, promulgada en enero de 2011, este es un refugio Tipo B, pero en él no se cumplen los requerimientos establecidos: no hay atención integral y constante en cuanto a la habitabilidad, estructura, alimentación, salud, educación y trabajo. Los refugiados de Waraira Repano II ni siquiera saben si sus familias están contabilizadas en el sistema 0800-Vivienda, donde ocurren las adjudicaciones.
Las carencias los arropan a todos y el desespero por no saber qué podrán ofrecerles en el futuro a sus hijos los agobia. Jaimiris Jiménez fue una de las mujeres que entró al refugio por su cuenta, luego de pasar noches enteras en la calle con los niños, de 9 y 7 años.
Para Jiménez lo más difícil ha sido no ser tomada en cuenta en este sitio, pues ni siquiera le dan la bolsa de comida cuando llega “porque no está censada”. “Nadie atiende, no me quieren meter en data y estoy a la buena de Dios. Pero entonces llega algo aquí y no soy tomada en cuenta… Yo necesito estar segura porque el día que saquen a todas las familias me van a sacar a la calle y yo no puedo, tengo niños y estoy sola”, dijo.
Cada familia tiene sus propios problemas y necesidades, pero el abandono y las dificultades de vivir en un espacio no habitable los une. “No se trata solo de un techo donde medianamente podamos pasar la noche. Se trata también de tranquilidad, de seguridad, de calidad de vida, de un lugar donde poder crecer y llevar una vida normal”, fue la petición de Yoxiris Acosta en nombre de sus compañeros refugiados.
Jaimiris Jiménez, refugiada
Esta web usa cookies.