Tiempo de pandemia | Historias frágiles (III)
“Estamos bien, creo. Pero siempre hace falta más cuidado porque con esta nueva peste la cosa empeora y aquí caen todos”. Esa es la respuesta de José Hernández (nombre cambiado a petición de la fuente) cuando se le consulta cómo va la cuarentena decretada ante la expansión del coronavirus en el refugio ubicado en la fábrica Van Raalte, en La Yaguara, en la zona oeste de Caracas.
Para los damnificados que viven en refugios ese lema de “quedarse en casa” no es viable, pues se trata de un promedio de 60 y hasta 80 familias por espacio que no tienen hogar. En cambio, viven en cubículos o cuartos separados por cortinas, con baños compartidos, escasa ventilación y pocas entradas de luz.
Un ejemplo de ello es precisamente el espacio donde vive Hernández, el edificio Van Raalte, que es ocupado por unas 70 familias que descansan sobre un sótano lleno de aguas negras, cloacas y basura. Allí la higiene exigida para luchar contra la pandemia por el nuevo coronavirus nunca ha existido.
LAS PROPIAS FAMILIAS TOMARON LA DECISIÓN DE NO RECIBIR VISITAS E IMPIDEN QUE LOS QUE VIVEN EN EL PROPIO EDIFICIO PASEEN
En un mes de cuarentena, solo se han registrado cuatro visitas oficiales; dos jornadas de desinfección y dos de fumigación. En una de ellas llevaron tapabocas para niños, jóvenes y adultos mayores, que viven en esos cubículos y comparten pocos baños entre varias familias.
El resto del cuidado solo ha dependido de los residentes del refugio que, a punta de agua, lavan áreas comunes y mantienen la limpieza “como pueden”, considerando la falta de recursos para comprar cualquier tipo de detergente o desinfectante.
Hernández explica la dinámica de estos días: “Ya nos conocemos todos. Entonces, en cada reunión, se habla, se explica y se procura que solo salgamos exclusivamente a comprar comida y con el tapabocas… Nosotros estamos tomando nuestras previsiones; todos saben que al llegar de la calle, hay que bañarse y mantener la higiene”.
Las propias familias de damnificados tomaron la decisión de no recibir visitas e impiden que los que viven en el propio edificio paseen por los tres pisos habitados. “La higiene la hace uno mismo”, reitera Hernández.
Los damnificados, que no son pocos, agradecen lo que ha llegado, pero admiten que no es suficiente. “Por ser refugiados no hay que mentir, sí nos han atendido. Han venido jornadas, pero siento que hace falta muchísima más atención porque esto de la pandemia es grave. Siento que esas fumigaciones no son nada para lo que deberían prestar atención aquí. Solo en mi piso hay 30 niños entre 10 meses y 17 años; es una gran cantidad y creo que hay mucho riesgo”, asegura Hernández.
12 refugios en todo el municipio Sucre, 8 en Libertador y 2 en Baruta componen el universo de albergues contabilizados por las autoridades municipales en la Gran Caracas. Esto, de acuerdo con la información suministrada por dos coordinadores de estos albergues que coincidieron en la data. Todos se rigen por la Ley Especial de Refugios Dignos, promulgada en enero de 2011, a menos de un mes de la vaguada que dejó cerca de 100.000 familias de damnificados en todo el país; el fenómeno generó estos espacios en los que el Ejecutivo asumía la responsabilidad de proporcionar un techo provisional. En el caso de Caracas se trató de más de 38.000 grupos familiares que se quedaron sin hogar en toda la ciudad, tal como informó el propio presidente Hugo Chávez en ese momento.
Rossana Guevara, directora de la Fundación Vensueño
Dice el artículo 2 de ese texto legal: “Los refugios servirán como espacios dignos para la vida y la convivencia en comunidad, y como sitios de protección de derechos, cumplimiento de deberes y ejercicio pleno de ciudadanía por parte de todas las familias y personas refugiadas, hasta tanto cese la situación de emergencia o desastre, y mientras el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela garantiza el regreso seguro de las familias a sus viviendas y comunidades de origen, o les procura una nueva vivienda, en caso de riesgo vital o pérdida irreparable de la misma”.
Muchos de los habitantes de los refugios concuerdan en que esos espacios distan de la dignidad que pregona la norma. Basura, hacinamiento, insalubridad, inseguridad, delincuencia y abandono son solo algunos de los problemas que denuncian las familias que viven allí y muchas de las que se han sumado a protestas recientes, como la del pasado 27 de diciembre de 2019, frente a la Vicepresidencia de la República. Aquel día, los protestantes tomaron la avenida Norte 4 del centro de la ciudad para reclamar que Nicolás Maduro entregara un día antes el inmueble número tres millones de la Gran Misión Vivienda, pero que ellos, que son más de 500 familias, tengan más de cinco años como refugiados.
Hoy, con una pandemia que ataca también a Venezuela por el nuevo coronavirus, esas más de 500 familias de damnificados que todavía esperan la adjudicación de una vivienda en más de 20 espacios entre galpones, edificios, sedes ministeriales, terrenos abandonados y hasta estacionamientos ocupados, están entre los grupos en mayor situación de vulnerabilidad.
Rossana Guevara, directora de la Fundación Vensueño, da fe de este hecho. Desde su organización visitan y brindan atención primaria en salud a comunidades vulnerables. Entre ellas se encuentran varios refugios de la ciudad donde han podido corroborar las condiciones en las que se vive en estos espacios.
Guevara detalló que en estos espacios a los que la fundación ha podido entrar ha quedado demostrado que las medidas de higiene activadas contra el coronavirus solo se toman “de manera empírica”, pues no hay recursos para desinfectantes o jabón y el agua que usan en la mayoría de los casos está contaminada. “Dentro de los refugios no se cumplen las condiciones de bioseguridad; por ejemplo, el uso de mascarillas, que deben ser de material especial y desechables y la mayoría de estas personas por falta de recursos tiende a usar telas, pañitos y trapos”, explicó.
“Las condiciones que ya existen de confinamiento y hacinamiento se agravan por la cuarentena. Hay que tener en cuenta que la mayoría de la gente en estos refugios trabaja día a día para mantener a sus familias y verse encerradas empeora su situación no solo de salud, sino que puede generarles algunos trastornos de pánico, de ansiedad y crisis emocionales”, añadió Guevara, quien es estudiante del área de salud.
12 REFUGIOS EN TODO EL MUNICIPIO SUCRE, 8 EN LIBERTADOR Y DOS EN BARUTA COMPONEN EL UNIVERSO DE ALBERGUES CONTABILIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES EN LA GRAN CARACAS
En el refugio de Ciudad Lebrún, en Petare, voceros de las 67 familias de damnificados que allí conviven desde hace ocho años coinciden en que se han sentido atendidos desde el 16 de marzo, cuando Maduro decretó la cuarentena en todo el país y pidió a los venezolanos quedarse en casa.
Aunque sin casa, “los refugiados del Gobierno”, como ellos mismos suelen denominarse, están haciendo lo que pueden para enfrentar al COVID-19 y mantenerlo lejos de ese espacio común que comparten y del que algunas autoridades y consejos comunales han estado “al pendiente”.
José Fuentes (nombre cambiado a solicitud de la fuente) asegura que en Ciudad Lebrún han hecho una visita para desinfectar con jabón y cloro todo el sitio. Dice que el pasado 8 de abril una comisión de médicos los visitó, examinó a todos los refugiados y se llevó a tres personas para practicarles el examen del COVID-19 por presentar algunos síntomas de gripe. “Todos resultaron negativos, gracias a Dios”, aseguró Fuentes.
El Consejo Comunal de Ciudad Lebrún se ha hecho cargo desde hace cuatro semanas de lo necesario para garantizar la alimentación de las familias en este espacio. Todas las noches las voceras les llevan una caja hasta la puerta del refugio con lo necesario para el desayuno, el almuerzo y la cena del día siguiente.
MÁS DE 500 FAMILIAS QUE TODAVÍA ESPERAN LA ADJUDICACIÓN DE UNA VIVIENDA
Para Fuentes, esta representa la ayuda más importante, mucho más que los tapabocas que les llevaron cuando la cuarentena contaba siete días, pues en este refugio la mayoría de las familias dependen de los bonos de sistema patria. Muy pocos tienen empleos a destajo en los que pagan por día, como la construcción o la limpieza. Eso les impide generar ingresos durante el “encierro voluntario”.
En este lugar, que no es una casa, pero que se ha convertido en el hogar de 67 familias, se organizan por cuadrillas de limpieza para mantener los espacios limpios. “Con agua nada más, porque para cloro no tenemos”, aclaran los voceros.
Aunque los damnificados admiten sentirse atendidos en la contingencia, la orden de quedarse en casa aumenta el riesgo de las familias damnificadas dentro de los refugios, donde ven pasar los días sin recursos y dependiendo para sobrevivir de las cajas de alimentos y dádivas del Ejecutivo.
Esta web usa cookies.