Cerca de 155 adolescentes de 20 estados del país están bajo investigación judicial, tras ser apresados por los órganos policiales y militares durante las protestas contra Nicolás Maduro, entre el 22 y el 24 de enero, de acuerdo con la data recopilada por los corresponsales de El Pitazo
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Aunque muchos de ellos son liberados bajo medidas cautelares, el hecho no significa la anulación del proceso penal. Tampoco minimiza lo que se supone es una ilegalidad a la luz de las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente (Lopna).
Las detenciones, según especialistas de la organización Transparencia Venezuela, “violan lo dispuesto no solo en la Lopna, sino en el Código Penal y la Constitución, instrumentos que establecen que la detención preventiva es una medida excepcional y que se debe imponer cuando no se pueda aplicar otra, pero que preferentemente se deben aplicar restricciones como la detención en el domicilio, la presentación periódica ante el tribunal o la prohibición de salir del país (artículo 582 de la Lopna)”.
Recintos militares
Llama la atención del movimiento de derechos humanos que, en casi 100 % de las detenciones registradas , los adolescentes fueron recluidos en instalaciones militares y policiales. Solo 31 llegaron a centros o servicios pautados en la Lopna, inclusive, en forma tardía, luego de la captura. Tal es el caso de los 23 apresados en el estado Aragua, recluidos en las instalaciones del Sapanna de Maracay ( 3 femeninas) y Turmero (15 varones); y de los de Valera (4) y GUanare(4) recluidos en el Sapanna de Portuguesa y Trujillo.
Los centros de reclusión para adolescentes que hayan cometido delitos no podrán ser recintos militares ni policiales: son especiales, de acuerdo con lo previsto en la Lopna , donde deben estar atendidos por psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, terapeutas, orientadores, asegura Roberto Andery, desde la presidencia del Colegio de Abogados del estado Cojedes, jurisdicción donde fueron apresados 13 menores.
Las organizaciones de derechos humanos también advierten sobre la desproporcionalidad de la precalificación de los delitos imputados a los adolescentes, la mayoría considerados inexistentes, si se toma en cuenta la presunción de inocencia. Suman 15 las causales de las detención , que van desde instigación al odio, agavillamiento, detentación de materiales incendiarios y asociación para delinquir hasta terrorismo.
De acuerdo con Néstor Gutiérrez, del Foro Penal, hay una intención premeditada de criminalizar. Insiste en que en materia de adolescentes hay una diferencia en la forma de administrar justicia respecto de los adultos. “El sistema para los adultos es sancionatorios y para adolescentes es de corrección a la actitud del muchacho y de los padres encargados de su vigilancia y educación”, explica.
«Las medidas cautelares fueron abusivas del imperio de la ley que tiene el juez, porque estos adolescentes debieron entrar a la audiencia de presentación con sus representantes, quienes a su vez se convierten en fiadores sin que haya necesidad de que el tribunal pida a terceras personas», indicó Gutiérrez. Reveló que la medida de fiadores no está establecida en la Lopnna, sino en el sistema sancionatorio para adultos.
Tratos degradantes
Las denuncias de malos tratos hechas por familiares, y hasta por un menor de 14 años detenido en el estado Bolívar , dan cuenta del trato recibido por algunos de los adolescentes, “lo que evidencia el grado de deterioro de los organismos policiales y militares”, reseña Transparencia Venezuela en su blog Suprema Injusticia.
La Constitución prohíbe expresamente la tortura y cualquier otro tipo de tratos crueles y degradantes, pero , además, la Ley especial dictada en 2013 penaliza con hasta 25 años de prisión e igual de inhabilitación al funcionario policial que lo ejecute, señala la ONG.
Agrega que, hasta el momento, ni la Defensoría del Pueblo ni el Ministerio Público han anunciado acciones contra algún funcionario, pese a las denuncias aparecidas.
Rosa Amarilis Alvarado, defensora de Derechos Humanos de Cáritas Diocesana, explicó que estas detenciones violan la condición humana. “Los adolescentes tienen un sistema especial de protección que fue violado flagrantemente”, dijo.
Añadió que esta organización está vigilantes a estos hechos, que ponen en entredicho el sistema administrado de justicia del Estado venezolano. “Yo me pregunto, será que estos funcionarios, jueces y fiscales no tienen familia, para encarcelar a jóvenes que no han cometido delito algunos”, señaló.
Los expertos coinciden en que con la detención de estos adolescentes se violaron derechos humanos fundamentales establecidos en la Constitución y en pactos, tratados y convenios internacionales.
Sostuvieron que se debe haber una revisión de todas las actuaciones, desde el funcionario que los detuvo hasta jueces y fiscales que se atrevieron a condenarlos, para determinar las responsabilidades en estos delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles.
