Este viernes 6 de diciembre se cumplen dos semanas de la masacre que dejó ocho muertos en el sector Ikabarú de la Gran Sabana. Los trabajadores se encontraban en plena faena de extracción de minerales cuando fueron atacados por la banda criminal de El Ciego, que controla la zona de La Paragua.
- Jueves #5Dic, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, confirmó que las ocho víctimas fueron asesinadas por un grupo de criminales que quiere apoderarse de una zona en la que se practica la minería ilegal de oro.
En declaraciones ante periodistas, Saab explicó que entre los fallecidos estaba un sargento retirado de la Guardia Nacional y un adolescente. La ONG Provea denunció que al menos cuatro de los fallecidos eran indígenas de la etnia pemón, una comunidad asentada en esa zona.
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- Martes #3Dic, funcionarios del Ejército se llevaron detenidos a nueve hombres de la zona minera de Ikabarú, tras asegurar que guardan relación con la masacre. La situación despertó las alarmas entre pobladores. Aseguraron que se trata de mineros que llevan años trabajando en dicho sector.
- Viernes #29Nov, el gobernador de Bolívar, Justo Noguera, informó sobre la detención de dos ciudadanos que estarían relacionados con la matanza en la población indígena Ikabarú.
“Nos abocamos en el terreno, caminando de noche, de madrugada, hasta que dimos con dos de los responsables convictos y confesos. Ya tenemos un indicio de cómo llevar las investigaciones. Es importante que se sepa que a estos dos elementos, se les va a respetar sus derechos fundamentales”, explicó Noguera.
- Miércoles #27Nov, la fiscal general de la República en el exilio, Luisa Ortega Díaz, afirmó que recibió información que señala a Noguera, y al almirante William Serantes Pinto como responsables de la muerte de los indígenas.
Ese día adelantó que ejercerá acciones ante organismos internacionales para que se adopten medidas en contra de los funcionarios chavistas.
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- Lunes #25Nov, aparecieron en la mina de La Sabanita los cuerpos de los hermanos, quienes al parecer controlaban la extracción de oro en las minas de Ikabarú. Pero también mantenían en resguardo a pobladores. Está información no ha sido difundida por medios oficiales, solo entre los vecinos que difundieron las fotos de los dos asesinados.
A pesar de las alertas que había recibido la comunidad de posibles grupos armados intentarían incurrir en la zona, no hubo presencia en el lugar de efectivos de seguridad para labores de vigilancia y protección.
Desde el 2017 Provea ha denunciado que el pueblo pemón ha sido víctima de la incursión de grupos armados y de la militarización de sus territorios ocasionando la pérdida de sus formas organizativas y de convivencia pacífica ancestral.
