El Sindicato de Trabajadores Eléctricos del estado Lara inició una recaudación de firmas en las oficinas de Corpoelec para exigir al Ministerio del Trabajo la renovación del contrato colectivo vencido desde diciembre de 2017. | Foto: cortesía Alberto Perozo
Caracas.- El Sindicato de Trabajadores Eléctricos del estado Lara (Sitel) inició una recaudación de firmas en las sedes de Corpoelec por la exigencia de reivindicaciones salariales, seguridad social y el cese de la persecución del personal.
“Vamos a solicitar ante el Ministerio del Trabajo la restitución de las negociaciones de la convención colectiva que empezaron en 2018. Los trabajadores no tienen cómo vivir y nuestros compañeros jubilados están casi en la indigencia”, declaró a El Pitazo el secretario general de Sitel, Oswaldo Méndez, el 21 de julio.
El vocero instó al personal de Corpoelec de otros estados a sumarse al proceso de recolección de firmas y organizar movilizaciones hasta obtener respuestas de las autoridades.
Ajuste salarial de los educadores no llega a siete dólares de acuerdo con sindicalistas de Portuguesa
La coalición magisterial de Portuguesa rechazó que las federaciones de docentes hayan suscrito, el 16 de julio, un acta por un ajuste salarial insuficiente con el ministro de Educación, Eduardo Peñate, según lo comentado este miércoles por Pablo Rangel, secretario general de la Federación Venezolana de Maestros.
Según Rangel, el nuevo tabulador salarial para el sector docente, que entrará en vigencia a partir del 1 de agosto, no cubre las expectativas de los educadores. «Es pírrico, perverso e insuficiente”, calificó.
Feminista Vannesa Rosales debe hacer servicio comunitario por delito de aborto inducido
Tras recibir libertad plena en la audiencia preliminar realizada el miércoles 21 de julio, la feminista y activista social Vanessa Rosales deberá cumplir durante tres meses con un servicio comunitario impuesto por el tribunal que llevó el caso. La información fue dada a conocer por los abogados defensores de Rosales en una rueda de prensa ofrecida este jueves 22 de julio, donde ella estuvo presente.
Engels Puertas, uno de los tres abogados que conformaron la defensa técnica de Rosales ante la Fiscalía 14 del Ministerio Público en Mérida, dijo a la prensa que el servicio comunitario que debe cumplir su representada es necesario para que pague por el delito de aborto inducido por terceros, uno de los tres cargos que le habían sido imputados y que está previsto en el Código Penal venezolano. Los otros dos, agavillamiento y asociación para delinquir, le fueron retirados.
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