Por: Jessica Morales
La dolarización transaccional que ha crecido en Venezuela desde 2019 es uno de los elementos a los que se atribuye la dinamización y la recuperación de algunos sectores de la economía del país durante los últimos meses.
La economista Tamara Herrera, directora de la firma Síntesis Financiera, considera que el proyecto de reforma de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, que contempla pechar inicialmente con una alícuota de 2,5 % a los pagos en divisas, podría inhibir los avances alcanzados en la operación de distintas empresas.
«Me parece que hay el riesgo de estar inhibiendo el incipiente proceso de recuperación económica que tuvo entre uno de sus factores de estímulo más importante la permisividad en las transacciones en dólares, que ayudaron a poder operar, tomar decisiones de producción, inversión, compra, mucho más planificadas, a tiempo, y además en la cantidad apropiada porque sabían que se podía hacer acuerdos y transacciones sin estar pensando, sin estar afectados por las expectativas de depreciación del bolívar», dijo la economista a El Pitazo.
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La Asamblea Nacional electa en 2020 aprobó el 20 de enero de 2022, en primera discusión, la reforma de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras. El proyecto de Ley incluye como contribuyentes de este tributo a las personas naturales y jurídicas por los pagos hechos en monedas distintas al bolívar y en criptomonedas distintas al Petro.
El texto del proyecto de reforma de ley señala que el Ejecutivo Nacional establecerá la alícuota para estas transacciones, la cual estará comprendida entre 2 % y 20 %. Sin embargo, precisa que hasta tanto el Ejecutivo Nacional establezca una alícuota distinta, se fija en 2,5 %.
«La tasa de 2 % incluso, me parece alta», dice Tamara Herrera al agregar que 2No es lo mismo un 2 %en bolívares que un 2 % en dólares, entonces el poder inhibidor y a la vez generador de costos es importante».
El proyecto de reforma de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras aún debe ser aprobado en segunda discusión y ser publicado en Gaceta Oficial antes de entrar en vigencia.
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