El Tema Del Día | Corte Penal cambia de fiscal en junio ¿Decidirá sobre Venezuela?

Este mes el abogado británico Karim Khan asumirá como nuevo fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), en sustitución de Fatou Bensouda. Para activistas que defienden los Derechos Humanos en Venezuela, con él podría avanzar la causa interpuesta contra el gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. “Estamos esperando que en estos próximos días haya un pronunciamiento”, aseguró Alí Daniels, abogado, defensor de derechos humanos y director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia.

El nuevo fiscal hasta ahora se desempeña como Subsecretario General de las Naciones Unidas, habiendo sido designado por el Secretario General de la ONU, como el primer Asesor Especial y jefe del Equipo de Investigación para Promover la Responsabilidad por los crímenes del grupo terrorista Isis. Daniels destaca su trayectoria en derecho internacional y subraya que trabajó en los tribunales de Ruanda y Yugoslavia. “Es una persona de mucha trayectoria y esperamos que sea el primero que presente un caso concreto donde se diga que hay responsables de violaciones a los derechos humanos en el país”, enfatizó.

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Mientras aumenta la expectativa de que con la llegada del nuevo fiscal de la CPI finalmente haya un fallo sobre el caso venezolano, en días recientes el Gobierno de Argentina anunció su retiro de la demanda interpuesta en septiembre de 2018 en conjunto con los gobiernos de Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo y según refiere Daniels, ello no altera el curso del proceso iniciado en La Haya. “El examen preliminar comenzó por iniciativa de la propia Fiscalía y cinco países la siguen manteniendo”, explica.

El abogado y defensor de los derechos humanos también indicó que la designación de la exmagistrada Gladys Gutiérrez como embajadora de Venezuela ante la CPI es otra estrategia para intentar impedir que se cierre el examen preliminar.

Gutiérrez, quien también ocupó el cargo de rectora principal del Consejo Nacional Electoral entre 2020 y 2021 y fue presidenta del Tribunal Supremo de Justicia entre 2013 y 2017, se desempeñará además como representante ante otros organismos internacionales con sede en los Países Bajos. La funcionaria está sancionada desde 2017 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que considera que con sus fallos en la Sala Constitucional ha usurpado la autoridad de la Asamblea Nacional legítimamente electa en 2015.