Foto: Captura del video de @ComisionadoDDHH en Twitter
Caracas.- El 15 de julio se tiene prevista la realización del foro Las Víctimas le Hablan al Fiscal Karim Khan, para enviar un mensaje al nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) con el objetivo de que se siga investigando los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Los padres de los jóvenes Juan Pablo Pernalete y David Vallenilla, como las esposas de Rafael Acosta Arévalo y Fernando Albán, hicieron una invitación en redes sociales para escuchar el foro.
“Me comprometo solemnemente a cumplir con mis deberes y ejercer mis poderes como fiscal de la CPI de manera honesta, fiel, imparcial y consciente”, declaró Khan, al jurar su cargo en una ceremonia en la sede del tribunal, para el que fue elegido el pasado 12 de febrero por un periodo de nueve años.
Hasta ahora, no se ha registrado algún pronunciamiento de la Corte Penal Internacional ni del abogado Karim Khan, que les garantice justicia a los familiares de quienes fueron asesinados en protestas antigubernamentales y en cárceles del país por diferencias políticas.
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La CPI desarrolla un examen preliminar desde 2018 que consta de cuatro fases. La segunda culminó y en ella la Fiscalía estableció la competencia material para conocer la situación de derechos humanos en Venezuela.
En esta fase II, la CPI determinó que hay elementos que le hacen suponer la existencia de crímenes de lesa humanidad en nuestro país.
El siguiente paso de la CPI (fase III de este informe preliminar) es evaluar si el gobierno de Maduro ha avanzado en la investigación de estos crímenes a través de su sistema de justicia, que debe determinar a los responsables y culpables.
La CPI no puede actualmente investigar a funcionarios del gobernante oficialista; eso solamente puede ocurrir cuando termine la cuarta fase del examen preliminar.
Por otro lado, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo público el 1º de julio de este 2021 un nuevo informe en el que detalló el sistema de abusos y torturas aplicado por el gobierno de Nicolás Maduro a los venezolanos.
Según el informe, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos continuó recibiendo denuncias creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Sobre la justicia y el estado de derecho en Venezuela, el informe señala que Bachelet documentó 17 casos de muertes presuntamente ocurridas en el contexto de operaciones de seguridad o de protestas, que coinciden con los patrones de ejecuciones extrajudiciales registrados en Distrito Capital, Miranda, Monagas, Vargas y Zulia.
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