Veinte años del referéndum: «El gobierno volvió inservible la Constitución del 99»

Caracas.- Este 15 de diciembre se cumplen dos décadas del referéndum aprobatorio de la Constitución de Venezuela impulsada por Hugo Chávez, quien recién llegaba a la presidencia del país y prometía entregarle a los venezolanos el mejor contrato social. Quienes colaboraron en su redacción hoy aseguran que el exmandatario la despreció y desplazó por un proyecto político que «secuestró las instituciones». 

«El padre de la Constitución se convirtió en su enemigo. No permitió que se desarrollara y la desconoció», afirma Froilán Barrios, encargado de redactar 11 artículos referentes a los derechos laborales, dispuestos en el Capítulo V de la carta magna. 

Señala a El Pitazo que los presos políticos son la máxima señal de que en Venezuela no se respetan los derechos civiles. Tampoco los laborales: de acuerdo con el artículo 91 de la Constitución, los trabajadores deben percibir un salario que permita acceder a la canasta básica.

Actualmente, el sueldo mínimo está en 150.000 bolívares y la canasta se ubica en 7,5 millones de bolívares, según el último estudio del Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

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«Ni una letra de la que está escrita en los derechos laborales ha dejado de ser violentada. Llámese contratación colectiva, libertad sindical o tercerización», detalla Barrios, quien acompañó a Chávez hasta el año 2000 y ocupa en este momento la secretaría ejecutiva de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV).

El abogado Ricardo Combellas también fue partícipe de la Constitución que este domingo cumple 20 años. Destaca que poco después de su aprobación se comenzaron a alterar principios constitucionales como los derechos humanos. En lugar de que los gobernantes garantizaran este fundamento, como se ordenaba, se dedicaron a pisotearlo. La muestra de ello ha sido el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el cual detalla graves violaciones cometidas por el Estado.

Además, señala el jurista, la democracia participativa ha sido deformada. Esta Constitución, a diferencia de la de 1961, promueve distintos canales de participación plural que permiten a la ciudadanía canalizar sus demandas y hacer de las consultas un mandato popular. Ese espíritu ha sido manipulado por el oficialismo, que no ha permitido participación abierta ni libre. 
«No es culpa de la legislación. Nuestra Constitución es buena, pero ha sido desdibujada y puesta al servicio de una persona y de un partido político», apuntó a El Pitazo.

Barrios agrega: «Aquí privó el proyecto político. El gobierno hizo inservible la Constitución«.

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La mejor Constitución

A juicio del secretario ejecutivo de la CTV, la idea original de «redención nacional» que brindaba el proyecto de Constitución del 99 fue sustituida por un modelo político socialista, que siempre buscó utilizar las leyes a conveniencia propia. Por eso, Chávez impulsó una reforma en 2007 que perdió, y luego en 2009 una enmienda constitucional para permitir la reelección indefinida, lo cual logró luego de una consulta popular.

«De ser la mejor Constitución, se convirtió en un estorbo. Por eso utilizó decretos y habilitantes. Todo con el objetivo de consolidar su proyecto», dice.

Combellas recuerda que cuando Chávez lo llamó para definir las bases de la Asamblea Nacional Constituyente y el nuevo ordenamiento jurídico, el espíritu era que los ciudadanos supieran que sobre ellos reposaba el poder. «Se trataba de darle sentido a los anhelos de cambio del pueblo venezolano, apoyar el debate, abrir la democracia. Eso nunca se logró«.

Reformas a la norma

Ambos exconstituyentes coinciden en que Venezuela tiene una buena Constitución,  que sienta las bases para una reconstrucción basada en el respeto a las instituciones. No hace falta otra carta magna, pero sí algunas reformas. Entre ellas, eliminar la reelección indefinida, acortar el periodo presidencial, recuperar la autonomía sindical y restablecer las juntas parroquiales.

«El reto es retomar el valor y la fuerza de nuestro contrato social y eso le corresponde a los sectores democráticos», puntualizó Combellas.

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