Luxemburgo.- La Unión Europea (UE) acelerará su labor diplomática en favor de una solución a la crisis política en Venezuela, que lleva a cabo a través del grupo de trabajo internacional que ha puesto en marcha, sin descartar ampliar las sanciones a autoridades venezolanas responsables de violencia.
«Vamos a intensificar el trabajo sobre la vía política, preparando el terreno para que se celebren elecciones de forma libre y transparente lo antes posible», indicó la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros comunitarios.
Los responsables europeos abordaron los progresos del grupo de contacto, que ya ha celebrado dos reuniones ministeriales y ha enviado varias misiones técnicas a Caracas para hablar con todas las partes involucradas en el conflicto en el país.
Mogherini reconoció que ese objetivo de unas elecciones presidenciales adelantadas «todavía está lejano», dada la resistencia de Nicolás Maduro.
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En lo que respecta al acceso «vital» de la ayuda humanitaria al país, otro de los puntos en los que trabaja el grupo de contacto, Mogherini consideró «positivo» que agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Cruz Roja estén operando sobre el terreno.
La jefa de la diplomacia comunitaria indicó sobre el mandato de los 90 días dados por la UE al grupo de contacto que «no tiene fecha de caducidad» y que, a solo un mes de que concluya ese plazo, está previsto que «a mediados de mayo se revisen los resultados».
«Decidiremos la vía que seguiremos, pero no es una experiencia limitada en el tiempo y tampoco es una cuenta atrás», comentó.
Mogherini se refirió igualmente a la posibilidad de ampliar las sanciones a personalidades del régimen de Maduro, una opción que la UE mantiene sobre la mesa.
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Recordó que las que tiene la UE en vigor con medidas restrictivas dirigidas contra personas concretas «no afectan al pueblo venezolano».
Comentó que se pueden «actualizar en las próximas semanas» en caso, por ejemplo, de un uso de la fuerza contra la población o de que se limite o dañe el uso de las instituciones democráticas.
«Nuestra preocupación primordial es la humanitaria y garantizar el bienestar de la población y recordar que hay un millón entre ellos de ciudadanos europeos», comentó.
Con información de EFE
