Caracas.- Desde que la Mesa de la Unidad Democrática obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia se convirtió en una especie de limitante sobre las funciones legisladoras y de control. Desde el 6 de diciembre de 2015 el Poder Judicial ha emitido 56 sentencias en contra del trabajo parlamentario.
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El detalle de cada una de las actuaciones las especificó el abogado constitucionalista José Vicente Haro. La primera de las decisiones fue la que dejaba sin efecto la proclamación de los diputados del estado Amazonas ante la impugnación de los resultados que solicitaran los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (30-12-2015).
Posteriormente, siguieron una serie de fallos sobre la actuación contralora de la AN y sobre las primeras leyes que sancionaron. Apenas una de todas las normas jurídicas que se sancionaron durante el 2016 pasó la aprobación de la Sala Constitucional; Esta fue la Ley que limita el uso de celulares e internet en los centros de reclusión.
De acuerdo al registro que procesó el abogado Haro las decisiones del TSJ contra la AN tocaron diferentes ámbitos, desde la promulgación de leyes hasta el funcionamiento interno del Legislativo con la aceptación de la anulación de la reforma del Reglamento de Interior y Debates.
– 30 de diciembre de 2015: Decisión 260/2015 que suspendió los efectos de las proclamaciones de Diputados del Estado Amazonas
– Decisión Nro. 4/2016 de Sala Constitucional del TSJ, del 20-1-16, que declaró constitucional Emergencia Económica y ordenó a poderes públicos cumplirlo
– Decisión Nro. 225/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, de 29-3-2016, que declaró que la AN no puede revocar ni anular designaciones de Magistrados del TSJ
– Decisión Nro. 264/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, de 11-4-2016, que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional
– Decisión Nro. 269/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 22-4-2016, que suspende los efectos de artículos de Reglamento Interior y Debates de la AN relacionados con sus atribuciones privativas en materia de control político
– Decisión Nro. 3/2017 de la Sala Constitucional del TSJ, de fecha 11-1-2017, que declaró que el presidente Nicolás Maduro debe presentar su rendición de cuentas o Informe Anual de su gestión ante el TSJ y no ante la Asamblea Nacional
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